El retorno de la banca pública

La banca pública con funciones típicas de la actividad comercial resurge diez años después. La imperiosa necesidad de dar financiación a las pequeñas y medianas empresas y, en determinadas circunstancias también a los particulares, ha quebrado los tabús y flexibilizado los principios ideológicos. Las fuerzas políticas de oposición, de uno y otro signo, se pliegan a la iniciativa del Gobierno.

No habrá recuperación de la actividad ni del empleo si el grifo del crédito sigue a medio gas, coinciden políticos y expertos. Bancos y cajas, seriamente preocupados por los requerimientos de solvencia, no están dispuestos a acometer, al menos en los próximos meses, estrategias que pueden comprometer seriamente sus cuentas de resultados. Y el Gobierno ha dado luz verde a un tercer paso que hará del Instituto de Crédito Oficial, hasta ahora limitado al papel de agencia financiera, un banco con todas las consecuencias y los correspondientes riesgos.

El ICO, que inicialmente sólo financiaba de forma directa a las grandes empresas, y siempre a través de las fórmulas de crédito sindicado -riesgo compartido y sin evaluación propia-, vio abierto el camino, a través del enunciado de la ley de Economía Sostenible, a proporcionar créditos entre 10 y 100 millones de euros a compañías de notable tamaño, asumiendo en este caso el análisis de sus proyectos. Ya era un avance, porque hasta entonces la decisión última estaba en manos de las entidades bancarias del sector privado.

Finalmente, en la propuesta que el Gobierno ha lanzado a los grupos políticos, la agencia financiera del Ejecutivo recupera la esencia de la función bancaria. Podrá prestar a las pymes hasta 200.000 euros por sociedad, con un estudio previo de sus planes y aspiraciones y con su propia evaluación de riesgo, que asumirá en un 100%. Habrá de contar, eso sí, con la 'ventanilla' de algún banco o caja de ahorros colaborador, cuya identidad se decidirá por concurso.

Ha pasado poco más de una década desde la fusión de Argentaria y BBV en octubre de 1999, para dar lugar a BBVA. Con este episodio se cerró la historia de un potente grupo de banca pública que en 1971 aglutinaba al Banco de Crédito Local, el de Crédito a la Construcción, el Exterior de España, el de Crédito Industrial, el Hipotecario y la Caja Postal, entidades que asumieron todo tipo de compromisos, desde la durísima reconversión industrial de los ochenta -siderurgia, sector naval- al relanzamiento empresarial posterior a 1992.

Convertido en holding, el grupo dio lugar a la Corporación Bancaria de España, que, por cuestiones de marketing, se rebautizó como Argentaria. Después, el proceso de privatizaciones dejó al ICO, agencia financiera del Gobierno, con un papel netamente subsidiario. De acuerdo con sus estatutos, sólo le corresponde llegar allí donde no alcanza la iniciativa privada.

Luchar contra los elementos

Pero la crisis ha dado al traste con tan ortodoxo diseño. Era un secreto a voces que el ICO aseguraba no poder 'luchar contra los elementos'. Es decir, que su colaboración con el sector privado se encontraba con la fuerte resistencia de los socios. Algunas prácticas bancarias han salido a la luz estos días, cuando la Comisión de senadores que busca fórmulas de consenso para la reactivación económica se ha decidido a publicar los testimonios recabados a puerta cerrada.

«El ICO es consciente de que el verdadero problema no es ya la liquidez sino el riesgo, pero el problema es que los bancos no quieren asumirlo», declaraba el todavía presidente del Instituto de Crédito Oficial, Aurelio Martínez, el 1 de abril de 2009. Y ponía el dedo en la llaga. Las empresas se quejan por los tipos de interés que deben pagar, pero el ICO calcula los suyos con criterios estrictos, y suma el coste de la captación de recursos a la prima de riesgo, que corresponde calcular al banco o caja.