El Tribunal Supremo confirma que la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es ilegal

Justo el día en el que la selección dirigida por el salmantino Vicente del Bosque disputaba un amistoso de altos vuelos ante Francia en Saint Denis, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) conoció que el Tribunal Supremo rechazaba su recurso y confirmaba la ilegalidad de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cuya actividad no está dirigida al uso o servicio de los vecinos pese a construirse sobre suelo público. Sin lugar a dudas, un duro varapalo para el máximo organismo institucional del balompié nacional.

El magistrado Mariano de Oro-Pulido avala los razonamientos de la sentencia dictada en abril de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había anulado el acuerdo suscrito entre el consistorio y la RFEF sobre el Estudio de Detalle del Plan General de Ordenación Urbana que complementaba y desarrollaba el proyecto inicial.

Su resolución se suma a la sentencia dictada también por el Alto Tribunal en el mes de noviembre del año 2006, que anuló directamente el acuerdo firmado para la donación de 120.000 metros por parte del Ayuntamiento presidido por el dirigente 'popular' Bonifacio de Santiago para levantar allí el recinto deportivo. A partir de ahí, los magistrados entendieron que anulado el germen del acuerdo también deben quedar sin efecto todos los trámites posteriores.

Sentencias desfavorables

De este modo, el grupo municipal de IU gana la batalla jurídica al Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP, y al organismo presidido por Ángel Villar. El Alto Tribunal rechaza el argumento de los recurrentes, quienes estimaban que la sentencia del TSJM que declaró ilegal el acuerdo no era firme. Sin embargo, el Supremo les recuerda que sí lo es porque el recurso que interpusieron fue rechazado en su momento.

Fuentes federativas restaron importancia a este goteo de sentencias contrarias a sus intereses. Además, insisten en que no se ejecutarán y recuerdan que, en todo caso, «sólo afectan a 20.000 de los 120.000 metros cuadrados que se consideran demaniales (de uso público) y que estarían pendientes de calificación».

En este sentido, la propia Federación Española se considera «realmente perjudicada por un proceso de índole político, abierto por concejales que ya ni están, y que se encuentra en vías de solución mediante la negociación y el diálogo».