Editorial

Erradicar connivencias

Las facilidades que ETA ha encontrado en Venezuela exigen una explicación de Chávez

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El auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra un amplio grupo de personas que presuntamente habrían establecido una red de colaboración entre ETA y las FARC con ayuda de distintos responsables y oficiales de Venezuela, y utilizando el territorio de este país para desarrollar tales labores, obligó ayer al presidente Rodríguez Zapatero a anunciar públicamente que el Gobierno español pediría explicaciones al de Hugo Chávez. Una reacción ineludible, toda vez que el auto del juez Velasco se basa en la prolija recopilación de indicios, documentos y testimonios que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ha realizado durante años. Además, el hecho de que el objeto de la colaboración desarrollada entre dos organizaciones terroristas, ETA y las FARC, incluidas como tales en el listado de la UE, junto al adiestramiento mutuo en el manejo de artilugios mortíferos, fuese proceder al seguimiento y la eliminación física de dignatarios colombianos y venezolanos durante su estancia en suelo español compromete al Ejecutivo a no contentarse con una respuesta evasiva o formal. Respetando el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, y a la espera de sus resultados, el conocimiento público del desarrollo de hechos que implicaría a las autoridades venezolanas exige de una respuesta pormenorizada por parte de Caracas. Máxime cuando también ayer pudo identificarse al tercero de los etarras detenidos en la madrugada del domingo en Francia, Lorenzo Ayestarán, quien durante años permaneció protegido por las autoridades bolivarianas de Venezuela. Rodríguez Zapatero anunció la solicitud de explicaciones al Gobierno de Venezuela cuando comparecía junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y en su calidad de presidente de turno de la UE. Y lo hizo además el día en que el juez norirlandés encargado del caso concedió la extradición de De Juana Chaos. Una doble coincidencia que obliga al Gobierno a llegar hasta el final frente a las evidencias de que hay países en Latinoamérica que siguen acogiendo a terroristas huidos de la Justicia española que esporádicamente regresan a Europa para reincorporarse a las actividades etarras.