ESPAÑA

Tres gestoras de cooperativas de Madrid, acusadas de estafar más de 200 millones

Las gestoras de cooperativas madrileñas Ofigevi, Gespozuelo y PSG se enfrentan a varias querellas por presuntas estafas que podrían superar los 200 millones de euros y que han dejado a miles de personas sin vivienda y sin ahorros.

MADRID. Actualizado: Guardar
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Las gestoras de cooperativas madrileñas Ofigevi, Gespozuelo y PSG se enfrentan a varias querellas por presuntas estafas que podrían superar los 200 millones de euros y que han dejado a miles de personas sin vivienda y sin ahorros.

Los últimos en unirse para emprender acciones judiciales han sido cerca de 500 cooperativistas de Ofigevi, que han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid una querella por estafa, apropiación indebida, disposición fraudulenta de bienes y falsificación de cuentas, a la que podrían unirse otros 1.000 afectados en las próximas semanas.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, esa gestora está siendo investigada por la Fiscalía de Madrid a raíz de las quejas de otro grupo distinto de perjudicados, que ultiman la presentación de una querella.

Los afectados denuncian que la supuesta mala gestión de Miguel Torralbo, ex sindicalista y máximo responsable de Ofigevi, está detrás de que al menos siete de las doce cooperativas que gestionaba no puedan edificar las más de 3.000 viviendas ofertadas ni devolver a los socios las cantidades que entregaron, que rondan de media los 40.000 euros.

La desesperación de los cooperativistas se ha agudizado después de saber que Ofigevi no tenía contratado con HCC Seguros, su aseguradora, la póliza obligatoria establecida en la ley 57/1968, que permite recuperar el dinero aportado más los intereses legales en caso de que la construcción de las viviendas no pueda llegar a buen término.

«HCC Seguros no cumplió su obligación al hacer un seguro distinto al exigido por ley», critican los abogados de los afectados, que también denuncian que las diversas cajas de ahorros donde Ofigevi abrió cuentas no comprobaron, como establece la normativa, que las garantías de la aseguradora fueran las de la ley 57/1968.