El tribunal convoca a los abogados de 'Malaya' para concretar la fecha del juicio

No es fácil poner de acuerdo a más de cien personas en una fecha. Pero si además son abogados y tienen que coincidir en un juicio que se va a prolongar durante un año, la cosa se complica notablemente. El tribunal que va a juzgar el 'caso Malaya' ha optado por convocar a los más de cien letrados que están personados en este macroproceso y a la Fiscalía Anticorrupción a una reunión que se celebrará mañana en la que se abordará la fecha de celebración del juicio.

El señalamiento de la vista oral ha sido motivo de controversia entre jueces y fiscales durante la última semana, sobre todo a partir de que se conociera que el tribunal juzgador estaba manejando la fecha de su inicio entre finales de mayo y los primeros días de junio, lo que lo hacía coincidir con otro macroproceso, el del 'caso Ballena Blanca'. El fiscal jefe Antonio Morales se quejó de «las prisas» por señalar la vista habida cuenta de que todavía quedan trámites procesales por cumplimentar, como algunos recursos y los escritos de calificación. Morales recordó además que la coincidencia de los enjuiciamientos ( 'Malaya' y 'Ballena Blanca') impedía al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, asistir a las sesiones de ambos procesos. La Fiscalía no es la única afectada por un probable solapamiento de las vistas. Algunos letrados están personados en ambos procesos judiciales, por lo que su coincidencia trastorna el desarrollo de su labor profesional.

Muchos abogados, además, se quejan también del escaso tiempo de que van a disponer para instruirse sobre el sumario, que cuenta con unos 90.000 folios, y reclaman un «plazo razonable» para estudiar las acusaciones que formule el fiscal y preparar las defensas. «Las prisas por celebrar la vista pueden afectar al derecho de defensa y podríamos estar entonces hablando de una causa de nulidad», explica un letrado.

A todo ello se une que, a partir del 31 de marzo, 'Malaya' dejará de ser una causa preferente para enjuiciamiento, ya que Juan Antonio Roca dejará de estar preso por este caso (aunque seguirá en prisión por el 'caso Saqueo') al agotarse los cuatro años de prisión preventiva, el máximo legal. La pérdida de esa preferencia del 'caso Malaya' puede acarrear más dificultades para el señalamiento de la vista, dado que será más complejo poner de acuerdo al centenar de abogados que probablemente tendrán que atender antes otros juicios con acusados en prisión.

La reunión a la que han sido convocadas todas las partes del 'caso Malaya' mañana en la sala del jurado tratará de ver cómo encajar el señalamiento del macroproceso en las apretadas agendas de los operadores jurídicos causando los menores trastornos a todos los que tienen que intervenir en el mismo.

Peticiones

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción se ha opuesto a la recusación de la magistrada Aurora Santos como miembro del tribunal que juzgará el 'caso Malaya', que ha solicitado Andrés Lietor, uno de los imputados en el proceso.

Para el representante del Ministerio Público, el hecho de que Aurora Santos fuera durante ocho años delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Málaga, como alega Lietor, «no es causa de recusación» y, por tanto, la magistrada no debe abstenerse de participar en el juicio como miembro del tribunal.