Muchos expedientes en el cajón

«Se habla con mucha ligereza de derribar y lo que hay que hacer es buscar soluciones». Así valoraba el propietario de una vivienda ilegal en la Sierra la posibilidad de que la próxima en caer fuera su casa. No obstante, la cosa cambia si por lo que se pregunta es por la mansión que el empresario José Luis López, 'El Turronero', se ha construido en Ubrique. En este caso, pocos son los que apoyan que esta vivienda se pudiera legalizar, mientras que otros creen que «por desgracia» se regularizará antes la del empresario imputado en la 'operación Karlos', que la de una familia que tenga un cuarto hecho en el campo para vivir, considera un vecino.

La denuncia que el colectivo Ecologistas en Acción ha hecho sobre este asunto ha reabierto, en cierto modo, el debate sobre las construcciones ilegales en la comarca serrana. Estas proliferan en casi todas las poblaciones, e incluso se levantan en zonas que pertenecen a algunos de los parques naturales, ya sea el de Los Alcornocales o Grazalema. Poblaciones como Arcos, Villamartín, Benaocaz o Prado del Rey cuentan con multitud de pequeños núcleos de viviendas ilegales, que ni son objeto de regulación ni se persiguen para restablecer la situación inicial de los terrenos.

Antes de que saltara a la palestra el tema de la vivienda de El Turronero, el Ayuntamiento de Ubrique envió algunas comunicaciones, al menos tres, a propietarios de la zona de la Vega del Realejo, a los que se les obliga al «restablecimiento de la realidad física alterada», ya que los servicios técnicos han informado de la «incompatibilidad con la ordenación urbanística vigente». Dicha comunicación se envió sobre el 20 de enero, por lo que ya ha cumplido el plazo que se efectúe la resolución dictada por la Junta de Gobierno Local.

Estas cartas, según ha podido saber LA VOZ, pretenden que el Ayuntamiento cumpla con su obligación legal de control urbanístico aunque «en ningún momento se van a derribar viviendas», aseguraban fuentes cercanas al equipo de Gobierno. En todo caso, esta decisión de demolición se dejaría en manos de administraciones e instituciones superiores que «son las que tienen competencias para ello», destacaban las mismas fuentes.

En concreto, el procedimiento iniciado daba la posibilidad de que los propietarios empezaran la demolición por su cuenta. Al no llevarse a cabo, el Ayuntamiento puede imponer hasta doce multas e incluso podría ejecutar la demolición, de manera subsidiaria y cobrando los costes al propietario, si se optara por esta solución. ¿Se logrará?