En las inmediaciones del Juzgado de San Fernando y en todos los corrillos de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz no se hablaba este viernes de otra cosa. Y por más que los vecinos, funcionarios y trabajadores le dieron vueltas al asunto, nadie comprende cómo se ha podido cometer un error tan «grave» como el de exponer nombres, apellidos y direcciones de víctimas, de acusados, actas de comparecencia, órdenes de pago, citaciones, resoluciones judiciales, etc, a la mano de cualquiera.
Cientos de documentos de los juzgados de San Fernando, que se encuentra actualmente de mudanza por el traslado de su sede, se tiraron este jueves sobre las ocho de la tarde a la basura tal y como adelantó ayer el diario Andalucía Información.
Así, sin más. Papeles y fotografías de contenido especialmente sensible y personal quedaron esparcidos junto a los contenedores soterrados de Tomás del Valle, los más cercanos, para sorpresa de los vecinos que pasaban a esa hora por allí o que, como cada noche, fueron a tirar la basura. Hasta que se dio la alarma a la Policía Local de la localidad que retiró los documentos (los que pudieron recuperar) y por la mañana, los devolvió al Juzgado.
El inusitado hecho ocurría en medio del traslado de estas dependencias a su nueva ubicación en la avenida de la Marina, junto a la plaza del Carmen. A partir del lunes todo el trabajo se realizará ya desde el nuevo emplazamiento que cuenta con más espacio y distintas prestaciones de las que carecía el edificio actual, y en el que desde hace años se veían obligados a trabajar los profesionales de la Justicia en una situación muy precaria. Pero esta grave negligencia sobre la Ley de Protección de Datos ha ensombrecido esta buena noticia para San Fernando.
Huellas, fotos, transcripciones
Entre el material desechado, hay de todo: citaciones judiciales, fichas de detención policial, pruebas como las conversaciones de procesados en intervenciones telefónicas, fotografías de contenido muy sensible, citaciones sin abrir, o incluso, fotografías de un presunto delito de malos tratos a una menor. Se da la circunstancia que cualquiera de las personas que hayan visto vulnerada su intimidad podría denunciar.
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