El PP pide explicaciones a López Gil y Ana Lorenzo por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones

Hace una semana que se constituyó la Comisión de Investigación sobre el supuesto fraude de los cursos de formación en la Junta de Andalucía, y el Partido Popular ya cuenta con un expediente que según la formación compromete al actual delegado provincial de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y a la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo Castro.

Ambos crearon una empresa, denominada Observa, en la que precisamente se realizaban cursos de formación y que recibió varias subvenciones por parte de la Junta. En 2009 fue solicitada una por la propia Ana Lorenzo por un valor superior a los 101.000 euros. El 15 de febrero de 2012 fue ratificada la justificación de 78.000 euros de gastos por parte del entonces delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, sin embargo desde Intervención, "se realizó un informe de cinco folios con irregularidades al respecto", tal y como señaló la parlamentaria popular Teresa Ruiz-Sillero.

Es por ello que en abril de 2015 se le solicitó a la empresa el reembolso de unos 42.000 euros, ya que se aseguró que uno de los salarios no estaba justificado porque el supuesto profesor no había dado clase alguna.

"Es curioso cómo se van vinculando las cosas porque ese profesor era Agustín Merello, precisamente el cuñado de Ana Lorenzo Castro, hija de la que era senadora por Cádiz María Jesús Castro en el momento de conceder las subvenciones, por ello nos preguntamos si hubo trato de favor. Por qué se le justifica si hubo regularidades, o es acaso otro trato de favor".

Pero desde el Partido Popular dan un paso más ya que aseguran que la justificación de esta subvención, "llegó fuera de plazo y sin embargo la empresa no fue sancionada. ¿Es esto de nuevo un trato de favor?".

Es por ello que desde el Partido popular se han pedido explicaciones tanto a Fernando López Gil como a Ana Lorenzo Castro, exigiendo que depuren las responsabilidades políticas que haya al respecto. Hay que destacar que Fernando López Gil abandonó la empresa en el año 2004, mientras que Ana Lorenzo lo hizo en septiembre de 2009, mientras que esa subvención no se ejecutó hasta el año 2010.

La empresa no habla de irregularidades, sino de reparos y así se recoge en el proceso judicial abierto ante la disconformidad con el criterio de la Junta. No es la primera vez que la empresa se mete en tribunales ante una resolución de la Administración regional consiguiendo en este caso que le dieran la razón. Aunque el expediente denunciado por el Partido Popular aún no ha sido resuelto.

De todas maneras la propia Ruiz-Sillero, que estuvo acompañada durante su comparecencia por el presidente de la formación a nivel local, José Loaiza, quiso dejar claro que lo que se están depurando son responsabilidades políticas y que este es el primer informe al que tiene acceso el grupo popular, pidiendo a los socialistas que entreguen el resto para comprobar si hubo o no más irregularidades y las fechas de las mismas.