Una mujer de Huelva, primera beneficiada del decreto antidesahucios andaluz

La recién aprobada Ley andaluza de Función Social de la Vivienda ya tiene su primer beneficiado. Se trata de una Maria del Carmen Andujar, una vecina de Huelva con 41 años, cuatro hijos –dos de ellos menores- y un sueldo de apenas 350 euros como limpiadora, que podrá mantener su vivienda durante al menos tres años más para evitar la exclusión social. A cambio, deberá abonar una renta equivalente al 25% de su salario.

Se trata del primero de los 18 expedientes que tiene en marcha la Junta de Andalucía para evitar o paralizar desahucios de familias en situación de grave riesgo. Los expedientes se iniciaron el pasado mes de abril, nada más aprobarse el decreto de función social de la Vivienda, más conocido como ‘decreto antidesahucios’. La Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, apeló entonces a la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la oleada de suicidios que empezaron a registrarse en todo el país relacionados con los desahucios, y que llevó incluso a los jueces a pedir a los políticos que frenaran la sangría.

El Gobierno central recurrió la iniciativa ante el Tribunal Constitucional al entender que se vulneraban competencias, por lo que los expedientes ya en marcha quedaron en suspenso. Sin embargo, la Junta de Andalucía siguió adelante con los trámites burocráticos para poner en marcha la misma medida pero ya con forma de ley, y por tanto de mayor rango. Tras las oportunas alegaciones y modificaciones, el Parlamento autonómico aprobó el pasado 25 de septiembre la ley que ampliaba las competencias del decreto.

La entrada en vigor de esa dio pie a la Junta para retomar los expedientes y seguir adelante. Según explicaron desde la Consejería de Fomento, la entidad bancaria propietaria de la vivienda de Huelva –un fondo de titulización de activos--, presentó alegaciones pero no han sido aceptadas, por lo que se ha procedido a la expropiación temporal que pagará la administración andaluza según justiprecio. “Hemos pasado del ‘sí se puede’ al ‘hemos podido’”, subrayó ayer la consejera del ramo Elena Cortés, que emplazó al Ejecutivo central de Mariano Rajoy para, a través del diálogo institucional, “dirimir posibles diferencias sobre esta ley antes de recurrir a los tribunales”. “Está obligado institucionalmente”, recordó, “y estamos esperando día y hora por parte del Gobierno para fijar la reunión”.