Gordillo y Cañamero irán a juicio en noviembre por Las Turquillas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado para los próximos 11 y 12 de noviembre el juicio contra el diputado andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo, el portavoz del SAT, Diego Cañamero, y otros 52 acusados por la ocupación de la finca militar Las Turquillas, en Osuna (Sevilla). Fuentes del alto tribunal andaluz han informado hoy de que en la vista oral serán juzgados los supuestos delitos de usurpación, desobediencia y daños.

Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero están imputados por esos tres delitos, mientras que el resto de los procesados sólo deberán responder del de usurpación y algunos de ellos también de los de desobediencia y daños. Según las fuentes, se tratará de uno de los juicios con mayor número de procesados que haya acogido hasta la fecha la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, con sede en la Real Chancillería de Granada.

El señalamiento de la fecha de juicio se produce después de que el alto tribunal acordara en un auto la apertura de juicio oral por la ocupación de la finca militar Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), llevada a cabo entre el 24 de julio de 2012 y el 9 de agosto para denunciar el impacto de la crisis sobre el campo andaluz. En ese pronunciamiento, el magistrado instructor ya requirió a cada uno de los acusados y al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), como responsable civil subsidiaria, una fianza de 1.370 euros para garantizar las responsabilidades civiles.

Además, pedía a cada uno de los acusados una fianza de 6.061 euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias, en concepto de multas y costas a las que hubiera lugar. La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo y Cañamero por un delito de desobediencia grave durante la ocupación de esta finca militar. Por su parte, la Abogacía del Estado ha solicitado para ambos dos años de cárcel por la presunta autoría de los delitos de usurpación, desobediencia grave y daños durante la ocupación de la finca. El pasado 4 de mayo, el SAT volvió a realizar una movilización en esa finca pero no pasó de la servidumbre de paso.