Las pensiones futuras representarán un porcentaje menor de los salarios

El informe provisional sobre el que el lunes pasado debatió -sin lograr el consenso- el Comité de Expertos nombrado por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones plantea profundos cambios en el sistema de cálculo de las prestaciones que conducirán a que el nivel de vida del que pueda disfrutar un pensionista en el futuro será menor que en la actualidad, comparando lo que significarán esas pensiones con el salario anterior al retiro. Es lo que se denomina 'tasa de sustitución'. En España, la pensión pública que se cobra representa, en promedio, el 82% del último sueldo, según un estudio de la OCDE correspondiente a 2009. La media en los países de la OCDE es del 47%. No significa que vayamos a llegar a eso, a que las pensiones no supongan ni la mitad del salario que se cobra, pero el informe de los expertos admite que, con su fórmula, en 2020, en 2030 y, especialmente, en 2050, las pensiones «representarán una proporción sustancialmente inferior a la actual» tanto comparándolas con los salarios del momento o con los que se percibían antes de jubilarse.

¿Qué es exactamente lo que propone el Comité de Expertos? A la hora de calcular la pensión a un nuevo jubilado, considera que hay que ligarlo a la esperanza de vida porque lo que cuenta es el importe total de la pensión que va a cobrar a lo largo de toda su vida y no lo que perciba mes a mes. De lo contrario, no habría equidad, dice el informe, y se estaría perjudicando al jubilado actual, que va a vivir menos años que el que se retire en el futuro. Según los proyecciones del INE, la esperanza de vida en España aumenta aproximadamente un año cada década. La propuesta del comité consiste en multiplicar la pensión inicial con la que los nuevos pensionistas entran cada año en el sistema por un coeficiente de «equidad intergeneracional». Este coeficiente resultaría de dividir la esperanza de vida de los que han entrado en el sistema en un momento anterior con la de los nuevos pensionistas. Por ejemplo, se divide la esperanza de vida a los 65 años que hay en 2014 (20,27) por la que habrá en 2015 (20,32), lo que da un coeficiente de 0,997 por el que se multiplicaría la pensión, que sería ligeramente inferior a la de los jubilados el año anterior, ya que el coeficiente es inferior a uno. Con ello se pretende «tratar de manera igual a personas que se van a beneficiar del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto», resalta el informe. Y debería acompañarse de incentivos a la prolongación de la vida laboral para que los trabajadores puedan acceder a pensiones medias mayores, al beneficiarse del sistema de pensiones durante un número menor de años.

Sin embargo, ésta no sería la única fórmula a aplicar. Además, se introduciría un factor de actualización anual de las pensiones para que evolucionen en función de la ratio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. El objetivo, afirma el comité, es «garantizar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico». Esa ratio entre ingresos y gastos reflejaría los cambios en la tasa de dependencia (número de cotizantes que hay por cada pensionista); los cambios en la tasa de paro y en la tasa de actividad que determinarían el número de cotizantes; y los cambios en la productividad, que se verían en los salarios. La fórmula incorporaría los datos de 11 años (cinco años por detrás, el año en cuestión y las previsiones de cinco años futuros) para minimizar el impacto del ciclo económico en la actualización de las pensiones. De esta forma, un año malo se vería suavizado con los años buenos del periodo.

Ambos coeficientes, el de equidad intergeneracional y el de actualización anual, tendrían un efecto complementario, de manera que la reducción de la pensión inicial de los nuevos pensionistas permite una mayor revalorización anual de la pensión, sin desequilibrar el sistema, según la propuesta de los expertos.

¿A quién se aplicaría?

El coeficiente de equidad intergeneracional, lógicamente iría sólo a pensionistas futuros porque afecta al cálculo de la pensión inicial. El factor de actualización anual sería para todos los pensionistas, actuales y futuros, pero con matices. El informe reconoce que reducir «nominalmente» las pensiones a los ya jubilados implicaría «cambiar drásticamente las reglas de juego» porque «llevan bastante tiempo dando por supuesta una revalorización anual de su pensión», y ya no tienen edad ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, propone que la cuantía individual de cada pensión que estén percibiendo en el momento de entrada en vigor del factor de sostenibilidad se considere el «valor mínimo» y nunca caiga por debajo. Eso sí, deben «asumir que sus pensiones dejan de actualizarse según el IPC», algo que los expertos recuerdan no siempre se ha hecho por decisión del Gobierno de turno. Si la aplicación del factor de actualización implicase una reducción de su pensión, ésta no descendería, sino que mantendría el valor nominal. Pero cuando suponga una subida, nunca podrá ser superior al IPC. Para los que están próximos a jubilarse se les aplicaría un razonamiento similar y para los que se jubilarán en el futuro, su pensión podrá subir o bajar anualmente en función de la ratio de ingresos y gastos del sistema.

Déficits y superávits

Los expertos proponen que el Tesoro Público emita deuda en los años de déficit con la garantía de los ingresos futuros del sistema de Seguridad Social

Los expertos señalan que los hipotéticos déficit derivados de postergar la aplicación plena del factor de sostenibilidad «podrían enjugarse durante unos años recurriendo al actual Fondo de Reserva de la Seguridad Social». Las estimaciones disponibles, dice el comité en el informe provisional, sugieren que en el peor de los casos el Fondo de Reserva se agotaría en 2018, por lo que una fecha razonable para iniciar la aplicación completa del coeficiente o del factor de actualización sería la del año 2019.

Una vez en vigor, durante el ciclo pueden producirse déficits y superávits de caja. Los superávits se acumularían en el Fondo de Reserva y los déficit se financiarían con aquél. En el hipotético caso de que el Fondo de Reserva no bastara para completar la financiación de las pensiones durante las recesiones, el sistema de reparto se autofinanciaría emitiendo el Tesoro títulos de deuda con la garantía de los ingresos futuros en la parte alta del ciclo.

El informe de los expertos presenta seis escenarios de lo que ocurriría con las pensiones en 2020, 2030 y 2050, según distintas previsiones de evolución del PIB real (entre un máximo del 2,75% y un mínimo del 1,5%). Según el informe, la aplicación del factor de sostenibilidad en el escenario más pesimista la pensión real del pensionista actual caería un 6% en 17 años. En el escenario intermedio, la pensión de un pensionista actual nunca caería nominalmente y mantendría su poder adquisitivo hasta 2030.

Suponiendo una pensión de 1.000 euros mensuales, la pensión nominal en 2020 se sitauría en una horquilla entre 1.130 y 1.142 euros nominales (si gana o pierde poder adquisitivo dependerá del IPC que se registre en esos años). Las proyecciones del comitñe sitúan la pensión real entre 998 y 1.008 euros. Para el pensionista actual, la pensión real en 2020 se situaría entre 939 y 949 euros, mientars qu ela pensión nominal estaría entre 1.064 y 1.075 euros en 2020.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recordó al Gobierno que el informe que prepara el grupo de expertos «no es vinculante», por lo que es conveniente que «se tranquilice y se relaje» antes de tomar una decisión. A su vez, CCOO consideró que es «urgente» abordar una solución para el cómputo de las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial a efectos de jubilación y que, en cambio, la definición del factor de sostenibilidad puede esperar.