Lucha abierta en el consejo de Pescanova a la espera de los tribunales

Lejos de alcanzarse el armisticio que algunos esperaban el jueves pasado en el seno de la maratoniana reunión extraordinaria del consejo de administración de Pescanova, se declararon nuevas hostilidades, tantas que prácticamente puede hablarse de «guerra abierta» entre sus socios, según fuentes del sector conocedoras del proceso. Así, mientras parte de los accionistas principales -con el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller, a la cabeza- se plantean remover de sus funciones al presidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, una vez se presente en los juzgados de lo mercantil de Vigo la declaración de concurso de acreedores acordada por una mayoría ajustada de los consejeros -siete frente a cinco-, este ultima una demanda contra el anterior auditor de la empresa -la firma BDO, cuyo despido será solicitado ante la autoridad judicial competente- por supuestas anomalías en su trabajo.

Sendas actuaciones no hacen más que confirmar la clara división del consejo en dos grandes bloques. De un lado, los opositores que quieren un relevo en la jefatura, al menos, en la parte de la gestión con el posible nombramiento de un nuevo consejero delegado, reclamación en que irían de la mano de los acreedores, fundamentalmente de la banca. Ese grupo está formado, sobre todo, por el citado Carceller, quien controla el 6,2% de las acciones -las fuentes consultadas apuntan que podría superar el 20% con los bonos convertibles que ha ido comprando en las últimas semanas, vía por la que el presidente actual pasaría de controlar el 14% a cerca del 25%-, el fondo luxemburgués Luxempart (5,8% del capital) y el fondo de capital riesgo Iberfomento (3,4%).

Otra posibilidad sería directamente el nombramiento de un nuevo presidente, algo mucho más complicado por la firme oposición del actual a dejar el cargo pese a las presiones insistentes de aquellos, que le han llegado a acusar de mentir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las decisiones tomadas en el consejo anterior (a mediados de marzo), con el fin de dar una imagen de unanimidad entre los accionistas que es "totalmente contraria" a la realidad. Se ha llegado a barajar incluso el nombre de algún candidato, como Antonio Basagoiti, consejero de Pescanova desde hace más de seis años y miembro del órgano de administración del Banco de Santander (además de presidente de Unión Fenosa y Banesto en otras épocas), al que se valora por su diplomacia.

La intención de los opositores es recabar el apoyo mayoritario de los acreedores. Son 45 bancos, a los que se adeudaba al cierre de 2012 un total de 1.600 millones de euros, fundamentalmente a Novagalicia Banco (225 millones), Sabadell (20) y Caixabank (190). Estas entidades han decidido no otorgar nuevos créditos -sí renovarán, en principio, los ya concedidos- hasta que se conozcan con claridad las cuentas de 2012, donde la deuda podría haberse duplicado desde los 1.522 millones de reconocidos hasta cerca de 2.700. Esta multinacional (presente en 21 países) de origen gallego emplea de forma directa a más de 8.000 personas -el futuro de un buen número de cofradías pesqueras también depende de ella y la Xunta sigue de cerca los acontecimientos- y factura más de 1.600 millones de euros anuales.

Los números del pasado ejercicio son precisamente el meollo del problema. No se encuentran auditados -BDO hacía ese trabajo desde 2001, en el que habrían detectado (según las fuentes citadas) pagos no clarificados, falta de documentación y operaciones cruzadas con empresas de difícil justificación, mientras que Fernández de Sousa les acusa de generar desconfianza en la empresa-, ni se espera que lo estén a corto plazo. La banca acreedora ha encargado su análisis de la contabilidad 'B' de la compañía a KPMG, mientras que será el juzgado de lo mercantil que se encargue del concurso de Pescanova el que resuelva -una vez nombrados los administradores correspondientes- si procede el despido de BDO y se nombra a otro auditor. No obstante, la mayoría del consejo acordó contratar, "de forma inmediata", un tercer auditor "forensic" (posiblemente PwC o Deloitte), que actuaría como forense financiero ante posibles demandas.

La CNMV, a la espera

Mientras, a la vista de que la documentación parcial que le ha remitido Fernández de Sousa -sin el respaldo del consejo- resulta "incompleta e insuficiente", la CNMV le requirió este viernes para que aporte las cuentas "completas" de 2012 justo dentro de una semana (en el plazo de cinco días hábiles). En caso contrario, abrirá un expediente sancionador a los administradores del grupo, que se unirá a la investigación abierta el 11 de marzo por posible "abuso de mercado" tras la suspensión de la cotización de sus acciones el 28 de febrero, una vez agotado el plazo legal ordinario de presentación de los balances anuales.

Los que sí dan un "apoyo" cerrado, por ahora, a la gestión del presidente actual son los representantes de los trabajadores de Pescanova. Tras reunirse también este viernes con la dirección, sus comités de empresa mostraron su "confianza en la gestión" de Fernández de Sousa. Incluso llegaron a desautorizar al dirigente de la Federación Agroalimentaria de CC OO, Javier Velasco, por reclamar la sustitución de aquel y acusarle de "no actuar de forma clara".