La pesadilla que no acaba

El problema financiero a que se enfrentaba Chipre y que ha llevado a su rescate in extremis, no difiere sustancialmente de lo que ya se ha vivido en otros países europeos. Los bancos chipriotas habían entrado en una situación de insolvencia, lastrados por la presencia masiva de activos tóxicos en sus balances. En el caso de esta pequeña nación insular del Mediterráneo, dichos activos toman la forma de deuda soberana griega, cuyo valor se desplomó tras la quita incluida en el programa de rescate del país heleno. A lo anterior hay que sumar el fuerte y negativo impacto que para Chipre tiene el marasmo en que se halla sumida Grecia, dadas las estrechas relaciones económicas que existen entre ambas.

El problema para el gobierno de Nicosia y para el conjunto de la zona euro se agrava por el sobredimensionamiento del sistema financiero chipriota. Según los cálculos disponibles, los activos de este sistema llegaron a multiplicar por ocho el valor del PIB anual del país, mientras que en la media de la Unión Monetaria esa ratio es de sólo 3,5. La razón de semejante desequilibrio es clara: Chipre ha funcionado como un centro financiero off-shore, esto es, un sistema en el que los no residentes no tributan y pueden constituir depósitos sin tener que responder a muchas preguntas.

Esto juega ahora claramente en contra de los intereses chipriotas. Por una parte, la enorme magnitud relativa --en términos de PIB¬-- que alcanzaría el rescate necesario elimina la posibilidad de un préstamo al estado chipriota, pues nadie confiaría en su capacidad de devolver lo recibido en un futuro razonable. De otro lado, tomar dinero de los contribuyentes europeos para salvar depósitos de un sistema bancario especializado en “reciclar” un ahorro de origen dudoso o poco transparente, sería un movimiento criticable no sólo desde un punto de vista moral, sino también por los perversos incentivos futuros que generaría.

Por ello, a modo de lo que en parte se antoja como una lección ejemplarizante, se ha optado por hacer que los accionistas de los bancos y los ahorradores con depósitos de más de 100.000 euros soporten una parte importante del coste del rescate y la restructuración financiera, sufriendo quitas en el valor de sus activos. Por fortuna, parece que finalmente se ha evitado que esas quitas recayeran igualmente sobre los depósitos por debajo de esa cifra, pues ello hubiese significado más obstáculos para salir de esta crisis al romper con las reglas establecidas, creando las consiguientes inseguridad jurídica y falta de confianza.

En cualquier caso, y sin abandonar la cuestión de la desconfianza, hay un aspecto muy preocupante en lo que estos días se está viviendo con el rescate chipriota. Parece que más de un lustro después del comienzo de los problemas financieros en la zona euro, seguimos sin contar con una idea clara de qué debe hacerse y cómo. A lo largo de la última semana hemos asistido a todo tipo de contradicciones, tanto entre lo que decían unos y otros, como con respecto a las medidas que se adoptaron en los rescates bancarios y soberanos de los países que antecedieron a Chipre. Ahora se nos dice que hay posibilidad de extender a otros casos la solución chipriota (por cierto, una solución que todavía no conocemos en todos sus detalles, lo que no ayuda a generar tranquilidad precisamente). ¿Cuándo acabará esta pesadilla?

José Luis Álvarez Arce es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra