Guerrero reclama a la Junta andaluza 24.750 euros

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha reclamado a la Administración autonómica los 24.750 euros que le "corresponden" como funcionario del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pese a estar suspendido cautelarmente en sus funciones desde el mes de enero de 2012 debido a su imputación judicial.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado de que ha elevado un escrito ante la Dirección General de Función Pública de la Junta de Andalucía en el que le reclama dicha cantidad, pues, según argumenta el letrado, la Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que alcanza los 24.750 euros.

En enero de 2012, la Junta acordó la "suspensión provisional de funciones" de Guerrero como funcionario "de manera simultánea a su reingreso al servicio activo" al entender que "aún cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

Si la junta no atiende su petición, emprenderá acciones legales

De su lado, Guerrero, quien estuvo encarcelado por el caso ERE entre los meses de marzo y octubre de 2012, cuando pudo salir en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros, ya defendió en declaraciones a Europa Press que su solicitud de reincorporación al cuerpo de funcionarios de la Administración andaluza "no es una chulería", sino "una necesidad perentoria" a cuenta de las dificultades económicas que sufre su familia.

En su escrito, el letrado de Francisco Guerrero defiende que la Administración autonómica tiene que abonar a su cliente un total de 24.750 euros, que se derivan de un salario neto mensual de 2.500 euros con 15 mensualidades, todo ello en un escrito en el que advierte a la Junta de que, de no atender su petición, emprenderá acciones legales contra la Administración al entender que podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación. El letrado entiende que la Junta, "consciente y deliberadamente, no ha aplicado el referido precepto" en relación a los pagos a todo funcionario suspendido cautelarmente.

La juez Mercedes Alaya, actualmente de baja por enfermedad, ordenó en marzo el ingreso en prisión de Francisco Javier Guerrero por seis delitos, en concreto sendos presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. Así, estuvo interno en la cárcel de Sevilla-I hasta el pasado mes de octubre, cuando pudo abandonarla tras abonar una fianza de 50.000 euros.