Justicia: una huelga bien visible

Madrid sufre hoy un día de colapso y caos, cuarteada la ciudad por una manifestación segmentada de los sanitarios madrileños que salen a la calle a las puertas de sus centros de trabajo, con la lógica repercusión sobre el tráfico. Y en este marco, la convocatoria de todos los estamentos judiciales –jueces, fiscales, abogados, procuradores, algunos secretarios judiciales y funcionarios- a celebrar un paro de una hora –de doce a una- ha tenido consecuencias aparatosas y visibles, aunque sea muy difícil calibrar su repercusión real. A la vista de lo poblado y bullicioso de las concentraciones y del ambiente crispado de los paros, la huelga judicial general de enero parece cantada si el ministro Gallardón no consigue pacificar a sus dolidos súbditos, que ya no quieren siquiera aceptarlo como interlocutor y piden diálogo con Rajoy.

Gallardón ha tenido el desacierto de encolerizar a todos los que de él dependen, aunque tiene la suerte, que podría explotar, de que no todos se sientan agraviados por los mismos motivos. Las tasas, por ejemplo, son deseadas por los jueces pero no por los abogados. De modo que si el político madrileño tiene la suficiente habilidad y utiliza más astucia que arrogancia, podría aprovechar esta circunstancia para romper la equívoca unanimidad en su contra. Aunque le acaba de salir un inesperado enemigo: Aznar ha dicho que no está de acuerdo con “la orientación de la reforma” judicial.

Sea como sea, las protestas de los jueces siguen moviéndose en la alegalidad. Como es conocido, cuando en febrero de 2009 se movilizaron por primera vez, contra Fernández Bermejo entonces, el Consejo General del Poder Judicial dijo que no podía dictar servicios mínimos ni reconocer el paro porque no había ‘soporte normativo’ alguno para apoyar tal protesta. Bermejo anunció una ley reguladora del derecho de huelga de los jueces, que nunca llegó. De modo que este año en curso, cuando unas docenas de jueces decidieron sumarse a una huelga general, seguía el vacío jurídico.

Los jueces son titulares del tercer poder del Estado y al mismo tiempo funcionarios públicos. En lo referente a aquella condición, que se plasma en la tarea jurisdiccional de cada magistrado, resulta absurdo plantear el derecho de huelga. No así en lo tocante a su condición funcionarial, de trabajadores públicos, que les proporciona unos derechos laborales incuestionables. En cualquier caso, sería muy recomendable que los jueces, que tienen cierta obligación de ejemplaridad, canalizasen sus protestas con la debida prudencia. Máxime cuando hay dudas sobre si las razones de tanta irritación son o no la restricción de condiciones laborales –pérdida de una paga extraordinaria y de días de libre disposición-, materia ésta en la que han de acatar inexorablemente la autoridad de quien tienen derecho a regular su profesión.