Gallardón delega el Registro Civil en los registradores de la propiedad

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado la intención del Gobierno de privatizar el Registro Civil, que obligará a los ciudadanos a pagar aranceles a los registradores de la propiedad y a los registradores mercantiles para la obtención de certificados. La medida está incluida en el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja en ministerio de Justicia con el objeto de descongestionar los juzgados y tribunales y contempla que el Registro Civil quede "en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello", según el texto.

Para la asociación, la medida es "un nuevo ataque a la administración de Justicia como servicio público" que perjudicará a la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada". Según ha denunciado el portavoz de la JpD, Joaquim Bosch, los registros civiles dejarán de ser un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad, de forma que los ciudadanos deberán pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil. El ciudadano deberá asimismo pagar al notario que tramite y celebre un matrimonio civil.

Desde la asociación han denunciado asimismo que la medida llegue justo después de que el Gobierno invirtiera 128 millones de euros en digitalizar los registros civiles, para que ahora se "aproveche" la mejora con inversión de dinero público para favorecer "la gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores", un gravamen que asumirán los ciudadanos pero que "solo reportará beneficios a determinados colectivos profesionales".

Comunicado de Justicia

Desde Justicia, el ministerio ha "garantizado" en un comunicado que la gestión del Registro Civil "seguirá siendo pública" una vez aprobada la nueva ley. "Quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello", reza el texto, que señala asimismo que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil como la inscripción de nacimientos y las actas de defunción -y que suponen el 60% de las gestiones realizadas-, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos.