El Consejo de Estado asegura que el euro por receta es inconstitucional

Una consulta del Gobierno al Consejo de Estado le puede acarrear al Ejecutivo de Mariano Rajoy más problemas de los previstos. Cuando la Generalitat de Cataluña planteó una reforma de la Ley de Tasas y Precios Públicos, en los que se incluían nuevos gravámenes judiciales y el euro por receta, el Ministerio de Hacienda preguntó por la constitucionalidad de esta tasa que meses después ha copiado el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid. Y el organismo consultivo no se ha andado por las ramas en su contestación. "Las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución", asegura el Consejo de Estado en su resolución, que se basa en el artículo 149 de la Carta Magna. Este apartado es el que atribuye las bases en materia de una sanidad igualitaria en "vigencia y aplicación" en todo el territorio español.

En su resolución, el Consejo de Estad insiste en que "no cabe admitir" que los gobiernos autonómicos impongan nuevos impuestos "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario". En este sentido, el texto del organismo consultivo recuerda que el euro por receta rompe con el acceso "en condiciones de igualdad y efectiva" que debe primera en el Sistema Nacional de Salud y recuerda al Ejecutivo central que debe "garantizar una condición mínima" en las medidas de acceso a los productos farmacéuticos y "evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud".

Después de recibir el informe del Consejo de Estado sobre la tasa de la Ley 5/2012 de Cataluña, el Ejecutivo decidió no acudir al Tribunal Constitucional a pesar de la contundencia del escrito del centenario organismo y de mostrar su contrariedad ante este nuevo tipo de gravamen. Empero, el Gobierno central se está replanteando la opción de los tribunales después de que Ignacio González, en sus primeros presupuestos en la Comunidad de Madrid tras suceder a Esperanza Aguirre, implantara el euro por receta para ahorrar 85 millones a las cuentas públicas y fomentar el consumo responsable de fármacos.