Francia suaviza su presión sobre los gitanos

El Gobierno francés ha suavizado su presión sobre el colectivo gitano con la modificación de las medidas transitorias que limitan el acceso al mercado laboral a rumanos y búlgaros, pero no renuncia a las expulsiones y al desmantelamiento de campamentos, dos de las medidas más polémicas.

El anuncio ha tenido lugar tras una reunión interministerial presidida por el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, y un encuentro previo con el colectivo Romeurope, impulsado con el objetivo de buscar "soluciones alternativas" a la precaria situación de los cerca de 15.000 gitanos que viven en Francia.

Rumanía y Bulgaria, los dos países de los que procede la mayoría de esas personas, forman parte de la Unión Europea (UE) desde 2007, pero, como sucede con cualquier nuevo Estado miembro, algunos socios comunitarios les aplican restricciones transitorias para sus nacionales, fundamentalmente en materia de trabajo.

Durante su vigencia, fijada hasta finales de 2013, rumanos y búlgaros pueden entrar sin requisitos en Francia y permanecer tres meses sin justificar su estancia, pero a partir de entonces se les puede expulsar si carecen de una tarjeta de residencia que solo se consigue con un contrato laboral.

El Gobierno francés se ha limitado a ampliar la lista de los 150 empleos a los que actualmente tienen acceso y suprimir la tasa de 700 euros que la empresa debe pagar a la Oficina de Inmigración e Integración cuando contrata a una de esas personas.

El hipotético levantamiento anticipado del conjunto de medidas transitorias, según un comunicado del gabinete de Ayrault, se examinará tras discutirlo con los Estados implicados, con los que se busca además que las respuestas necesarias se construyan "a escala europea". Francia desea abordar con ellos "todas las iniciativas que puedan favorecer los proyectos de vida e inserción de esas poblaciones en sus países de origen", añade la nota, que avanza que se va a pedir que el próximo Consejo de la UE trate esa cuestión en su orden del día.

Disensiones en el seno del Ejecutivo

Esta reunión aspiraba, según los medios, a acabar tanto con la polémica generada por las expulsiones de gitanos a principios de agosto como con las disensiones en el seno del Ejecutivo, donde el ministro francés del Interior, Manuel Valls, aboga por tratar el tema con firmeza y la de Vivienda, Cécile Duflot, por buscar soluciones duraderas.

El vicepresidente de la Liga de Derechos Humanos, Malik Salemkur, participante en el encuentro de Ayrault con Romeurope, ha señalado que las conclusiones constituyen un primer paso positivo y que en ese sentido son satisfactorias, pero ha sostenido que las ONG se van a mantener "vigilantes" respecto al cumplimiento de esas promesas.

El hecho de que se haya tratado el asunto a nivel interministerial, se haya hablado en términos de ciudadanos búlgaros y rumanos y no de gitanos y se hayan suavizado las medidas transitorias, ha indicado, es ya una manera de pasar página respecto al mandato del anterior presidente francés, Nicolas Sarkozy, criticado también por recurrir a las expulsiones.

"Nunca hemos pedido que no se apliquen las órdenes judiciales, especialmente si son por condiciones sanitarias, sino que hemos solicitado que vayan vinculadas a medidas de acompañamiento, y eso es lo que vamos a controlar sobre el terreno", ha dicho Salemkur.

El Gobierno, en esa línea, se ha comprometido a movilizar todos los dispositivos existentes, que incluyen la eventual aplicación de estructuras de acogida provisionales, y pretende igualmente reforzar su lucha contra las bandas de prostitución o mendicidad que afectan a parte de ese colectivo.

La demanda de nuevas políticas no había llegado a Francia solo a nivel nacional. La Comisión Europea le había pedido explicaciones por las expulsiones y le había instado a darse prisa en la puesta en marcha de sus promesas de aplicar planes de inserción.