juicio por los ere de andalucía

La jueza manda a prisión al exchófer de Guerrero

Juan Francisco Trujillo reconoce que llegó a gastar cerca de un millón de euros de las ayudas recibidas en drogas y fiestas

SEVILLA Actualizado: Guardar
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La jueza que instruye el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público ordenaba anoche el ingreso en prisión sin fianza de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2003 y 2007 y que recibió hasta 1,3 millones de euros en ayudas irregulares. Cerca de un millón, según reconoció ayer en su declaración, lo destinó al pago de cocaína y juergas compartidas con el que fuera su jefe Francisco Javier Guerrero, al ritmo de 25.000 euros mensuales.

Se trata del segundo imputado que ingresa en prisión tras el propio Guerrero, encarcelado el pasado día 9, del medio centenar de personas que están imputadas desde hace más de un año se iniciara la investigación. Ha sido la fiscalía Anticorrupción quien ha instado a la prisión comunicada y sin fianza atendiendo al riesgo de fuga por la gravedad de los hechos y las posibles penas y el riesgo de que entorpezca la investigación, petición a la que se han adherido todas las acusaciones. Además ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 2,3 millones de euros, una cantidad estimada por el cómputo total de las ayudas recibidas y el beneficio de la venta de una finca adquirida con ese dinero. La jueza le imputa hasta once delitos continuados: tres delitos de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, uno de trafico de influencias, uno de inducción a la prevaricación, uno de malversación y tres de falsedad en documento oficial.

El encarcelamiento se produce a escasos cuatro días de las elecciones autonómicas, cuya campaña ha estado muy marcada por este escándalo de corrupción. La declaración de Trujillo ha permitido conocer los detalles más escabrosos del caso y el ‘modus operandi’ que tenía el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, al menos fuera de la sede oficial, además de implicar a una las aseguradoras responsables de los pagos de los ERE, Vitalia, en un presunto pago de comisiones ilegales, por lo que la acusación popular que representa el PP ha pedido además la “inmediata detención” de un directivo de esta empresa que supuestamente le entregó en Madrid un “sobre gordo de dinero” para que se lo diera al alto cargo de la Junta.

Según ha relatado, Guerrero ‘trasladaba’ por la tarde su despacho a un bar de copas, donde quedaba con los empresarios y peticionarios de las ayudas que días más tarde serían recibidos en la sede de Empleo. Solía “presumir” de la capacidad que tenía para conceder las subvenciones, y en varias ocasiones se mostró “molesto” por los retrasos y porque “le paralizaban” los pagos de las ayudas, que casi siempre se concedían a personas “cercanas al propio Guerrero o al PSOE”.

Su madre, en un ERE

El interrogatorio judicial, que se prolongó hasta última hora de la tarde, también ha indagado acerca de cómo el chófer resultó beneficiario de diversas ayudas hasta un total de 1,3 millones de euros o pudo incluir a su madre como “intrusa” en uno de los expedientes de regulación de empleo falsificando su firma en el despacho de la Dirección General de Trabajo y cobrando él mismo el dinero de la póliza (122.000 euros).

En este sentido, Trujillo, que estuvo muy nervioso, admitió que fue el exdirector de Trabajo quien, cuando estaban en un bar de copas, le ofreció la posibilidad de concedérselas si creaba alguna sociedad. Según fuentes judiciales presentes en la declaración, el chófer ha explicado que entendió la propuesta como una invitación a crear empresas ficticias. Las montó cobrar las ayudas en el mismo día, pero acabó levantando las sospechas de la Agencia Tributaria por no tener actividad. Asimismo, elaboró dos informes de asesoramiento para sendas empresas que se acogieron a un ERE subvencionado por la Junta.

La declaración del chofer evidencia la cercanía de trato entre el exdirectivo encarcelado por este caso de corrupción y su subordinado, al que acusa de implicarle en el fraude de los ERE en venganza porque influyó en su despido. Así, explicó que gastó poco más de medio millón en comprar dos fincas y un piso, y con parte del dinero que recibió invitaba a su jefe a tomar copas y drogas, y reconoció haberse gastado en un mes 25.000 euros en cocaína porque “consumían a todas horas” y esa sustancia ayudaba a Guerrero a “mantenerse despierto”. Según sus cálculos, podían consumir entre cinco y diez gramos cada uno al día..