El Gobierno avisa a las autonomías de que puede intervenirlas

La decisión política ya estaba clara: el Gobierno no permitirá la quiebra de ninguna comunidad autónoma porque repercutiría negativamente en la valoración que los mercados hacen de España en su conjunto. Lo que no se sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y, a tenor de lo propuesto por Cristóbal Montoro a los consejeros de Economía reunidos ayer en Madrid, llegará lejos. El ministro de Hacienda prometió un auténtico manguerazo de dinero en forma de créditos ICO para el pago a proveedores, anticipos correspondientes a la liquidación de 2010 y alargamiento del plazo para la devolución de lo que se adeuda a la Administración central.

El cálculo de la cuantía total que todo esto supone resulta complejo. Entre otras cosas, porque Montoro admitió que aún no se ha determinado con cuánto dinero habrá que dotar la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial. Pero no será poco. Su objetivo es que se pueda pagar a todas las pymes y autónomos víctimas de la morosidad de las administraciones autonómicas y, los cálculos del sector privado, indican que la deuda asciende a tanto como 30.000 millones de euros; una cantidad que el Ejecutivo no da por buena pero tampoco desmiente.

Sanciones

Nada de esto, en todo caso, será gratis. El titular de Hacienda advirtió de que esto que llamó "medidas extraordinarias de liquidez" estará condicinado al compromiso de las comunidades con el objetivo de estabilidad.

¿Y si finalmente no cumplen? "Puede llegar el momento en el que, como en la Unión Europea -avisó- la Administración central lleve adelante con la administración territorial o local un plan de saneamiento". Se trataría de una intervención en toda regla. Una intervención, matizó aun así el ministro, en "términos hacendísticos" y no competenciales.

"Al contrario de lo que hacía el Gobierno anterior, que se preocupaba de cuadrar las cuentas de la Administración Central y el resto allá ellos -justificó- nosotros hemos asumido la tarea de gobernar". Eso se traduce en que "ninguna administración que no sea irresponsable va a tener problemas de liquidez", prometió.

No será, pese a todo, una tarea fácil. Las autonómías son las responsables de las tres cuartas partes de la desviación del déficit de España en 2011. Unas más que otras, pero en su conjunto, han gastado 15.000 millones de más. El año que viene no deberían superar el 1,3% de déficit y algunas se pasan de largo. La intervención llegará solo cuando la comunidades demuestren que no son capaces de financiarse, dijo Montoro. Para lo cual se usarán los mismos criterios que se siguen en la UE con los países miembros. Cabe recordar que fueron Grecia, Portugal e Irlanda los que solicitaron ayuda, lo que ya da una pista de por dónde irían los tiros.

Reacciones

Ese es, en todo caso, el escenario más negro. Y ninguno de los reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se puso en semejante tesitura. Más bien al contrario, todos recibieron como una estupenda noticia el que "por fin" se haya articulado una "provisión de liquidez". El consejero catalán, Andreu Mas-Collel, recordó que Artur Mas venía demandando algo así desde hacía tiempo. A su juicio, sin embargo, la línea ICO debería establecerse no como un mecanismo extraordinario sino estable.

También hablaron Gobierno central y consejeros de la posibilidad de que se avale a las comunidades para refinanciar su deuda. Pero Montoro no dio la medida por definitivamente aprobada. Y lo que quedó en el tintero son las las sanciones que se impondrán a incumplidores de la futura ley de estabilidad.