Los controladores alegan razones de «estrés» para abandonar sus puestos de trabajo

Los primeros controladores aéreos en declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Madrid por la huelga encubierta del pasado diciembre, han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo los días 3 y 4 al darse de baja médica por razones "psico-físicas" provocadas por el estrés de la situación laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno, y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España.

La magistrada había citado este lunes a cuatro controladores, pero solo han comparecido dos de ellos: Ignacio B.D y Adolfina C. V. En total, deberán prestar declaración en los próximos meses dieciséis controladores por delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo.

El primero en desfilar por el Juzgado ha sido Ignacio B.D., cuya testificación se ha prolongado por cerca de tres horas y en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, según fuentes jurídicas. El imputado ha desmentido que estuvieran organizados, tal y como sostienen las acusaciones con motivo de la reunión que se produjo en un hotel de Torrejón de Ardoz, y ha esgrimido que abandonó su puesto por razones psico-físicas debido al estrés producido por la tensión creada por el conflicto con el Gobierno.

Por otro lado, Adolfina C. V. ha indicado que se dio de baja por el nerviosismo que le había creado un incidente debido a un amago de accidente entre un helicóptero y un avión. Además, ha negado que participara en la reunión en Torrejón de Ardoz. Su abogado, Carlos Vila, ha reconocido que el estrés que tenía su cliente se debía también a la tensión que vivía el colectivo por la situación con el Ejecutivo central.

"Aquí se ha abierto una causa general inquisitorial contra un colectivo", ha recalcado el letrado, quien ha señalado que se debería individualizar cada caso.

10.000 euros por daños morales

Antes de las declaraciones, el portavoz de la Agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, Luis Vericat, que representa a más de 8.000 afectados, ha indicado que se reclama que indemnicen a los damnificados con 10.000 euros por daños morales y la cuantía que se establezca por daños materiales.

Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos originado en el pasado puente de la Inmaculada. Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.

El delito de sedición aérea del que se acusa a los controladores, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.

Estado de alarma

El pasado 6 de mayo, la juez María del Sagrario Herrero admitió a trámite la demanda y ordenó la averiguación de la identidad de los controladores que atendían los turnos fijados para esos días para llamarlos a declarar. Además, la juez pidió documentación a la Presidencia del Gobierno y los ministerios de Defensa sobre la aprobación del Decreto de Estado de Alarma y la militarización de las torres de control, así como todas las órdenes libradas al personal civil o a los funcionarios que se encontraban en los aeropuertos por parte de los militares.

La juez también solicitó al Ministerio de Interior que certificara los acuerdos alcanzados por el gabinete de crisis durante esos días y a la Policía Judicial de Barajas que aporte las órdenes recibidas durante el cierre del espacio aéreo.