La Audiencia Nacional condena a 'Txapote' por el asesinato de los guardias civiles de Sallent de Gállego

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 75 años de prisión al exjefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a los miembros del 'comando Ttoto' Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain por el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. Ambos murieron en la localidad oscense de Sallent de Gállego el 20 de agosto de 2000, tras estallar una bomba-lapa que los terroristas habían colocado en los bajos de su coche-patrulla.

Los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Nicolás Poveda y Ramón Saez Valcárcel condenan a los tres procesados por dos delitos de asesinato terrorista y uno de estragos. La sala considera probado que fue 'Txapote', entonces cabecilla de los comandos operativos de la banda, el que ordenó el atentado de Sallent al 'comando Totto', que componían Arzalluz, Aguirrebarrena y José Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos.

El jefe etarra, que propuso ese ataque dada su facilidad pues el vehículo solía estacionarse en la vía pública y sin vigilancia, fue también el que proporcionó los explosivos a Guridi Lasa, quien confeccionó la bomba-lapa en una cuadra que su familia tenía en la localidad de Zizurkil, en Guipúzcoa.

Días antes del doble asesinato, los tres integrantes del comando se desplazaron hasta Sallent para comprobar la información sobre el aparcamiento y la seguridad de la zona. La noche anterior de la explosión volvieron al pueblo para colocar la bomba bajo el Nissan Patrol, que estaba estacionado a las afueras del cuartel, en la Plaza del Valle de Tena.

A las 6,00 horas del 20 de agosto de 2000 el artefacto, cebado con tres kilos de dinamita y dotado con un mecanismo de activación por movimiento, estalló y provocó la muerte inmediata de Fernández y heridas mortales a De Jesús, quien falleció poco después en un hospital de Huesca.

Los jueces han tenido especialmente en cuenta para condenar a los tres procesados la declaración policial de Guridi Lasa, en la que reconoció su participación en los hechos y la de los otros imputados, aunque no la confirmó durante el juicio porque se negó a declarar. Es precisamente la valoración de esta prueba de cargo la que provocó un voto particular, el de Sáez Valcárcel, quien apuntó que este tipo de confesiones no ratificadas en vista oral no se valoran siempre de la misma forma y que ni siquiera el Supremo "ha logrado unidad de criterio" sobre este asunto.