El Gobierno sostiene que el Constitucional no puede suspender la ley del aborto

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la petición del PP de suspender la vigencia de la nueva ley del aborto porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.

Así lo aseguran los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones presentado al tribunal, en el que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene éste "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad".

"Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales", añade la Abogacía del Estado.

Llamamiento a la responsabilidad

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que han mostrado su resistencia a aplicar la ley del aborto y ha asegurado que en el caso de que éstas no rectifiquen, el Gobierno "pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos" para hacer efectiva la norma.

Aído ha respondido así a las comunidades de Navarra y Murcia, que se posicionaron ayer en contra de la aplicación de la ley en sus territorios. La ministra de Igualdad ha calificado la actitud de los gobiernos de estas autonomías de "irresponsable" y ha mostrado su esperanza de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "ponga orden en su partido" porque, a su entender, este comportamiento "es más propio de un partido marginal y antisistema" que de una formación política que "tiene aspiraciones de Gobierno".

En democracia, ha afirmado la ministra, "no hay nadie que esté por encima de la ley", asegurando a continuación que esas autonomías "han iniciado un camino que van a tener que desandar". "Llamamos a la responsabilidad en primer lugar, esperemos que se rectifique, y pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos en el caso de que no sea en el modo en el que esperamos que se haga efectivo el cumplimiento de la ley", ha insistido.

Bibiana Aído ha lanzado un mensaje "de tranquilidad" a las ciudadanas de Navarra y Murcia porque la norma se ha aprobado después de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo conjunto para que pueda garantizarse la prestación sanitaria en todas las autonomías.

En cuanto a la aprobación de crear de un registro de médicos objetores de conciencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que la objeción "está perfectamente descrita" en la ley del aborto y "es un derecho individual previo y por escrito". Además, ha añadido que corresponde a las Comunidades Autónomas establecer los mecanismos que garanticen la objeción de conciencia y hacerlos compatibles con el derecho a la prestación sanitaria por parte de las ciudadanas.

El PP fija el criterio

Desde el PP, su portavoz del grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que la ley del aborto es "aplicable" puesto que ha entrado en vigor, pero ha pedido al Constitucional que cuanto antes resuelva la petición de suspensión de la norma hecha por su partido.

Sáenz de Santamaría, en una comparecencia ante los periodistas en la Cámara Baja, ha respondido prácticamente igual a siete preguntas sobre la posición de su formación, y en particular del Gobierno murciano, ante la nueva norma. De las "trabas" de algunas comunidades autónomas, ha dicho que quien "tiene que hacer una reflexión" es el Gobierno central, ya que la tramitación parlamentaria de la ley se caracterizó por "la falta de consenso social" y por las reticencias de muchos Ejecutivos regionales.