Garzón niega ante el Supremo haber recibido dinero del Banco Santander por su trabajo en Nueva York

El juez Baltasar Garzón ha negado ante el Tribunal Supremo haber percibido cantidad alguna del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York y ha explicado cuáles fueron sus honorarios, en una declaración de cuatro horas y media en calidad de imputado. El abogado de Garzón, Enrique Molina, ha indicado que su cliente, que ha salido del TS pasadas las 15:30 horas sin hacer declaraciones, agradece al Supremo la oportunidad que tiene de "desmentir lo que son bulos infundados de orientación más calumniosa que de otro contenido".

El juez Baltasar Garzón ha llegado a pie pasadas las 10.15 horas al Tribunal Supremo, acompañado de sus escoltas, minutos después de su abogado, Enrique Molina, quien fue fiscal de la Audiencia Nacional y trabajó con éste en el desmantelamiento del entramado político, social y mediático de ETA. Tanto a la entrada como a la salida ha recibido gritos de apoyo de manifestantes, entre los que se encontraban

El juez ha comparecido ante el magistrado Manuel Marchena, instructor en el Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea interpusieron contra él. Mazón y Panea relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra Garzón la percepción de 302.000 dólares entre 2005 y 2006 por parte del juez con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas "cesiones de crédito".

"Se sabe muy bien el papel de imputado"

Durante su declaración, Garzón ha dado "cumplida explicación" de sus honorarios, según su letrado, y ha detallado que siempre los percibió del Centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, "con absoluta independencia" de que existiera "un patrocinio del Banco Santander". "Todos los fondos fueron orientados por la propia Universidad de Nueva York sin que él percibiera cantidad alguna de esas aportaciones del Banco Santander, al cual no pidió ni solicitó ninguna cantidad", ha señalado Molina.

En relación con la carta que el magistrado dirigió al presidente del Santander, Emilio Botín, y que iniciaba con el encabezamiento "querido Emilio", Garzón ha defendido que esa expresión de gratitud "no quiere decir que percibiera cantidad alguna".

Por su parte, el abogado querellante José Luis Mazón ha asegurado que Garzón "se sabe muy bien el papel del imputado" y que se ha dedicado a "mentir" sobre los documentos que obran en la causa y a "ocultar" los aspectos que no convenían a sus intereses. "Se va a llevar un chasco tremendo", ha vaticinado antes de destacar la necesidad de "investigar en profundidad" este asunto. Según su testimonio, los abogados que ejercen la acusación plantearon unas cuarenta preguntas a Garzón, mientras que el juez Marchena le dirigió entre cincuenta y sesenta.

En la declaración también participó el fiscal Fidel Cadena, quien solicita el archivo de las actuaciones al entender que no son constitutivas de delito.

Segunda comparecencia en calidad de imputado

Las diligencias en este procedimiento se reanudarán el día 21 con la comparecencia de otros tres testigos solicitados por la acusación popular. Se trata de María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.

Los querellantes quieren que declaren ante el instructor por dudar de la veracidad de un documento aportado por la defensa que certifica que el magistrado ni solicito ni recibió financiación de la entidad para organizar las jornadas en la Universidad de Nueva York.

Esta es la segunda vez que Garzón acude a declarar al alto tribunal en calidad de imputado en menos de un año, después de que lo hiciera el pasado mes de septiembre por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo, por el que será juzgado por el Supremo y está muy cerca de ser suspendido provisionalmente.