La Haya añade el cargo de genocidio a la orden de detención contra el presidente de Sudán

La cámara de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido por unanimidad que sea revisada la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan Al Bachir, para volver examinar si puede imputársele el cargo de genocidio. Sobre Al Bachir pesa desde marzo una orden de detención internacional por los cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad, por el asesinato de 35.000 personas y la muerte por hambre y enfermedad de más de 300.000 en Darfur (Sudán) desde 2003, según los datos de Naciones Unidas.

La cámara de apelación de la CPI ha aceptado el recurso de procedimiento del fiscal, Luis Moreno Ocampo, que recriminaba que no se había aceptado ordenar la detención de Al Bachir por supuesto delito de genocidio debido a una mala interpretación del análisis de las pruebas en primera instancia.

Según el fiscal, la cámara preliminar que se pronunció en marzo contravino el derecho al considerar que si no podía probarse la "intencionalidad" de genocidio entonces no existía prueba de "motivos razonables" para examinar si Al Bachir había incurrido en ese delito. La cámara de apelación ha dado hoy la razón a Moreno Ocampo y ha afirmado que la primera instancia fue "más exigente de lo debido en la interpretación de la normativa de la practica de la prueba".

La cámara de apelación de la CPI ha dejado claro que su decisión no entra en la cuestión de si debe imputársele al presidente sudanés el cargo de genocidio o no, sino que entiende que debe practicarse el análisis de las pruebas con una interpretación de su normativa menos estricta. "Hemos tomado una decisión procesal, sin entender del fondo del asunto", ha aclarado el magistrado, en la audiencia pública celebrada hoy en La Haya.

Disparidad de cifras

La cámara preliminar de la CPI emitió el 4 de marzo de 2009 una orden internacional de detención contra el presidente sudanés que incluía los cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad pero no el de genocidio. Los jueces rechazaron ese cargo al considerar, por mayoría, que las pruebas presentadas por la Fiscalía no ofrecían "motivos razonables" para pensar que Al Bachir tuvo la intención específica de destruir a una parte de la población, los grupos four, massalit y zaghawa.

El pasado 6 de julio, el fiscal apeló la decisión de la instancia preliminar con el argumento de que la interpretación de las pruebas por parte de la instancia inferior había sido demasiado estricta en esa fase del procedimiento. El presidente sudanés ha negado toda acusación y cuestionado la legitimidad del tribunal internacional para procesarle.

Según la estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 35.000 personas han sido asesinadas en la región sudanesa de Darfur desde 2003, más de 300.000 han muerto de hambre y enfermedad, y más de dos millones han sido desplazados. Por contra, el Gobierno sudanés defiende que las muertes violentas se reducen a 10.000 personas.