El TSJA da la puntilla al colectivo exdelphi

Nuevo varapalo al colectivo exdelphi en menos de un mes. Si el juzgado de lo Social número 3 de Cádiz falló el pasado enero contra las prestaciones que cobran un centenar de antiguos trabajadores de la factoría ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que acaba de dar la puntilla. La Sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto en 2014 por UGT contra la Junta de Andalucía por incumplir el protocolo firmado en julio de 2007.

La Administración regional se comprometía con los representantes sindicales a través de este protocolo a la puesta en marcha de medidas para la reinserción laboral de los afectados por el cierre de la factoría.

Entre las actuaciones que recoge el documento, al que se agarra el colectivo como una tabla de salvación, se encuentra la formación y la recolocación, amén de otras medidas como la prejubilación.

El sindicato UGT decidió a mediados de 2014 poner en manos de la justicia la inactividad de la Junta a la hora de cumplir con estos acuerdos. Cabe recordar que el Gobierno regional decidió en septiembre de 2012 poner fin a la relación mantenida con el colectivo exdelphi después de cinco años de trato y compromiso. La Junta, entonces en manos del socialista José Antonio Griñán, alegó que la crisis económica y sus efectos en las arcas públicas impedían seguir desarrollando los acuerdos suscritos en el protocolo de 2007. Es decir, la Consejería de Empleo se desvinculaba así de la formación reglada y remunerada que había facilitado hasta entonces a los exdelphis, aunque aclaró que mantenía en pie los cursos formativos, pero ya sin prestación económica alguna. Igualmente, la Junta se desmarcaba del compromiso de recolocación de la plantilla.

El Gobierno regional aprobó en 2012 un decreto-ley en el que cambiaba su relación con los exdelphis y la adaptaba a las nuevas necesidades. La decisión de la Junta crispó los ánimos del colectivo, que se sintió engañado y estafado. Desde entonces no han cesado las protestas y acciones de los extrabajadores, sobre todo, del medio millar de ellos que no logró la recolocación, para el cumplimiento de lo recogido en el protocolo.

Norma con rango de ley

Al recurso de UGT siguió otro más presentado por USO y un tercero interpuesto por la asociación de extrabajadores de Delphi. El Alto Tribunal de Andalucía acaba de fallar en relación al que presentó UGT y da la razón a la Junta. No cabe recurso contra este fallo, que reconoce que la Consejería de Empleo no está obligada a cumplir con el protocolo de julio de 2007 ni tampoco a garantizar la recolocación de los afectados por el cierre de la factoría.

El TSJA justifica su veredicto en el decreto ley que publicó la Junta en 2012 y que se considera como una norma autonómica con rango de ley, lo que significa que el Gobierno regional tiene potestad para modificar sus acciones anteriores. En este sentido, la Sala de lo Contencioso aclara que en el protocolo de 2007 tampoco hay una obligación expresa y específica por parte de la Junta de recolocar a la totalidad de los extrabajadores.

De hecho, el Gobierno regional durante los cinco años que mantuvo su relación con el colectivo facilitó la prejubilación en dos fases de, al menos, 646 extrabajadores, impulsó la recolocación de 350 de ellos en Alestis y de otros 100 en Gadir Solar, aunque estos últimos regresaron al desempleo tras el cierre de la empresa. Igualmente concedió incentivos a 56 extrabajadores para invertir en un nuevo negocio y tramitó la invalidez de otros 83.

De los 1.900 empleados que entraron en el denominado Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS), unos 420 aguardan todavía que la Junta asuma los acuerdos del protocolo, algo que se antoja ya difícil tras el fallo judicial.

Solución política

LA VOZ ha contactado con el portavoz de UGT en el colectivo y uno de los artífices del recurso, Antonio Montoro, que ha reconocido que el fallo supone un palo más para un colectivo que se ha quedado sin ningún tipo de prestación. Montoro reclama a la Junta una solución política para este conflicto laboral que el próximo lunes cumplirá nueve años.

Este nuevo fallo judicial es independiente al caso de supuesta simulación de contrato que se investiga en los juzgados de lo Social 1, 2 y 3 de Cádiz tras una denuncia de la Inspección de Trabajo. El Ministerio decidió en 2013 supervisar la formación remunerada que tuvo el colectivo Delphi entre 2009 y 2012 y ha llegado a la conclusión de que el contrato que reguló esta práctica, ideado por la Junta, no se ajusta al marco laboral, lo que significa que el tiempo generado para cobrar prestaciones sociales y subsidios es ilegal. La Fundación de la Universidad de Cádiz (Fueca) se encargó de impartir la última etapa de estos cursos y también ha puesto en manos de la justicia el caso. Los tres juzgados de lo Social se han repartido la denuncia, pero solo el número 3 ha decidido paralizar la prestación que percibe un centenar de trabajadores hasta que se celebre el jucio y se aclare enl entuerto. Se da la circunstancia de que estos 426 euros es la única ayuda que reciben.