Sin respiro en los banquillos de Cádiz en 2016

Si las noticias de tribunales se despedían en 2015 con un titular de alcance, la confirmación del Supremo de la condena de cuatro años y medio de prisión para la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) por el ‘caso PTA’, 2016 arrancará también con fuerza con el paso por los banquillos de políticos y otros responsables públicos que tendrán que rendir cuentas ante la justicia de los delitos de los que se les acusa. La primera gran cita será precisamente en la sede jerezana de la Audiencia Provincial. Allí, en la Sección Octava, arrancará el próximo martes 12 de enero el juicio por el caso de la venta de la estación de autobuses de Jerez.

Además del propio interés informativo, esta convocatoria también tendrá un importante ruido mediático ya que será la primera vez que se vea a Pedro Pacheco, que declara como imputado, tras su ingreso en prisión

por otro caso en octubre de 2014. El popular exalcalde llegará esta vez esposado y vigilado desde la prisión de Puerto III donde cumple una condena de cinco años y medio.

El juicio se articulará en tres sesiones semanales y durará aproximadamente un mes. Por la sala pasarán más de 60 testigos para responder a las preguntas de las partes de una causa que tiene otros seis acusados, entre ellos, el empresario ubriqueño José Luis López, conocido como ‘El Turronero’. Por este caso la Fiscalía pide para el exlíder del PSAsiete años de prisión por supuestas irregularidades cometidas en la venta de la antigua estación de autobuses en 2004, cuando era delegado municipal de Urbanismo y vicepresidente de la empresa municipal de suelo, Emusujesa.

Prevaricación, fraude, falsedad...

Pacheco está acusado de prevaricación continuada, fraude en la administración y falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de estafa por concertar para beneficiar «de manera arbitraria y con bienes públicos» a una determinada sociedad «en perjuicio económico de la propia administración». Para lograrlo, según la investigación, camuflaron una venta que estaba cerrada de antemano y que supuso «un grave perjuicio para el patrimonio» de la ciudad ya que la antigua estación de Madre de Dios se vendió en 2,7 millones de euros cuando su valor real de mercado era de más de cuatro millones, según las estimaciones que hicieron los expertos.

Pero este no será el único capítulo de la agenda judicial de Pedro Pacheco en 2016. Continuará en abril. Del 12 al 29 volverá al banquillo de la Audiencia por el caso de la casa del Rocío por el que el fiscal le pide seis años de prisión por una obras de reforma que presuntamente realizó con cargo al erario público de manera irregular en la casa de la hermandad del Rocío de Jerez con motivo del 75 aniversario de ésta. Junto a él se sentarán en el banquillo otras diez personas. Ocurrió en 2006 cuando el exandalucista era edil de Urbanismo y el Hermano Mayor le pidió subvención para las obras. Así, por «su única voluntad y capricho», «ideó, preparó y llevó a efecto» el plan para «regalar» a la Hermandad la reforma, una obra que alcanzó un coste de 123.627 euros, que ‘coló’ como obras menores en diferentes barriadas.

Pero además de estos dos señalamientos, a Pacheco le quedan otras citas con los jueces. Entre ellos el ‘caso Huertos del Ocio’, cuya instrucción está finalizada y pendiente del escrito de acusación. Este caso investiga la cesión de unos terrenos de cultivo de los vecinos a una inmobiliaria para edificar y que, supuestamente, le costó al municipio un perjuicio valorado en un millón de euros.

Otro de los nombres propios que se asomarán por los tribunales este 2016 es el de Pedro Ruiz, exalcalde de IU de Puerto Serrano y sobre el que pesan ya dos condenas firmes por prevaricación, además de una última, conocida el pasado diciembre, de un año y nueve meses de prisión por adjudicar la compra de exornos florales y artículos de papelería a la floristería de su mujer, también procesada y condenada en esta causa.

La sentencia señala cómo Ruiz omitió las reiteradas advertencias de los interventores que le indicaron que estaba cometiendo una ilegalidad puesto que la ley de contratos en la administración pública no permite estos acuerdos a los cónyuges de los cargos públicos. Hasta cuatro secretarios-interventores le avisaron, pero el que fuera dos décadas alcalde de la localidad, aseguró en el juicio que lo hizo porque no había otra tienda y quería promover el comercio local.

Pero en el cajón le quedan más asuntos pendientes. Como el caso por el que el fiscal le pide doce años de inhabilitación especial por amañar una oposición para que el novio de su hija, y después su yerno, obtuviera una plaza como Policía Local en el municipio.

Este juicio no está señalado, pero sí otro caso por el que se le acusa de enchufar a familiares de distintos miembros de la Corporación del municipio serrano. El Ministerio Público lo vuelve a acusar de un delito continuado de prevaricación por el que solicita otros 12 años de inhabilitación especial para cualquier cargo público de índole municipal. El juicio que estaba previsto para diciembre se aplazó por enfermedad del procesado. En el banquillo no estará solo. Le acompañará, como también lo hizo en el caso de la floristería, el que fuera su delfín y sucesor en el cargo, Francisco Javier Gómez.

Más exalcaldes

De nuevo la política llegará hasta los juzgados. Esta vez será de la mano de la exalcaldesa del PP de Rota Eva Corrales por el ‘caso uniformes’, que se celebrará a partir del 7 durante varios días en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. Corrales además está a la espera de conocer el fallo del recurso que presentó ante el Supremo a la condena de cuatro años de prisión por el ‘caso horas extras’ del que salió absuelto su socio el exalcalde, Lorenzo Sánchez, al que le quedan también bastantes citas pendientes. El juicio del ‘caso uniformes’ intentará dilucidar la responsabilidad de Corrales, Sánchez y de otro cargo público, Antonio Peña, exregidor de Chipiona pero concejal entonces en Rota, en una trama en la que supuestamente están implicadas otras 20 personas (entre ellos 17 concejales). Se les acusa de haber participado en una presunta prevaricación al haber contratado con dinero público la compra de uniformes de la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, (Roteños Unidos).

Además a Sánchez le queda pendiente dar cuentas sobre un convenio urbanístico por el que supuestamente adjudicaba obras a un constructor de Rota sin seguir los criterios de concurso público, cuya instrucción está finalizada, y la adjudicación del párking de la Merced, cuyas pesquisas continúan.

Otro juicio que tendrá lugar en enero apunta también hacia la Costa Noroeste, concretamente a Sanlúcar. Allí dos concejales de la Corporación municipal del año 2002-2003, el interventor de entonces y otras cuatro personas más, se les acusa de un supuesto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Anticorrupción ve indicios de irregularidades en la contratación de los servicios municipales y en que algunas empresas cobraran por la realización de informes de los que no se tiene constancia. Han sido trece los años que se han necesitado para tener toda la documentación y poder continuar con la investigación judicial que ahora da otro paso. Así, los días 18 y 19 de enero todos los imputados en este caso se sentarán en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz.

Pero habrá más. Nuevas diligencias en el fraude millonario de Bahía Competitiva, las supuestas contrataciones a familiares de AiPro, y otros casos, dejarán este 2016 nuevos titulares.

Pilar Sánchez y García-Pelayo... pendientes de la Audiencia y del Constitucional

Jerez va camino de cumplir la marca de tener a dos exalcaldes en prisión. De momento, Pacheco lleva ya más de un año en el módulo de respeto de Puerto III, pero está pendiente el ingreso o no de la exregidora socialista Pilar Sánchez que actualmente tiene recurrido ante el Constitucional su condena de cuatro años y medio por el ‘caso PTA’. Se estima que se resuelva próximamente. Además, a otra exalcaldesa, la popular María José García Pelayo, se le imputan delitos de prevaricación y falsedad por contratos del Ayuntamiento con empresas de la Gürtel por lo que tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones.