Revocada la absolución por el caso de la perrera de Puerto Real

Tras el recurso de Fiscalía y acusaciones, el dueño, la directora y un veterinario son condenados a más de tres meses de cárcel

LA VOZ

La Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 que absolvió al dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real y ha condenado a cada uno de ellos a tres meses y 22 días de cárcel por un delito de maltrato animal. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal estima así los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y las acusaciones y revoca el fallo dictado anteriormente al considerar que «la elección de los acusados por el medicamento Mioflex tenía objetivo abaratar y simplificar eutanasias pese a que se conocía que se producía una muerte agónica e insufrible , cuando ello era evitable, pues con otros medicamentos podía realizarse una eutanasia rápida con mínima molestia».

En este sentido, la Audiencia ha considerado responsables del delito de maltrato animal tanto el veterinario acusado, «que realizaba las eutanasias», como la directora y el responsable y administrador único del centro, ya que, «si bien no ejecutaban personalmente las eutanasias , tenían el dominio funcional de los hechos, ya que dados sus cargos y funciones no solo conocían y consentían el uso del Mioflex, sino que podían haber evitado su utilización». De otra parte, la organización proteccionista ‘El Refugio’ quien denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en junio de 2007, han celebrado que con esta revocación «se ha hecho justicia».

«Hoy es un día importante para la protección animal, llevamos once años esperando a que el dueño, la directora y el veterinario de la perrera de Puerto Real sean condenados por maltrato animal, y hoy lo hemos conseguido», ha indicado en un comunicado el presidente de ‘ El Refugio ’, Nacho Paunero.

Desde ‘El Refugio’ han recordado que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos, de varios municipios de la provincia, los cuales eran sacrificados con un paralizante muscular (Mioflex) que era inyectado indiscriminadamente a los perros y gatos recogidos.

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