¿Quién llega a final de mes en Cádiz?

Las prioridades de los mortales son diferentes dependiendo de sus objetivos. Sin embargo, en el camino hacia los sueños hay un colaborador que es necesario: el «vil» metal. Aunque a los más idealistas les cueste reconocerlo, el dinero es el pavimento que allana la travesía para llegar a fin de mes, acabar la reforma del baño, pagar la hipoteca o hacer ese gran viaje siempre postergado. Dejar de trabajar está implícito en la mayoría los sueños de los que tienen empleo. Los que están en el paro más bien anhelan tener un empleo digno.

Lograr cumplir todas estas aspiraciones, –como apunta una reiterativa campaña de publicidad–, «no es barato»; aunque el dinero no da la felicidad, ayuda a conseguirla porque para alcanzar el «estado del bienestar» es necesario que las necesidades básicas estén cubiertas.

Tener ingresos, una paga mínima o una pensión compensatoria no es sinónimo de confort.

Según apunta Cáritas, se sufre pobreza severa si los ingresos están por debajo de los 340 euros mensuales. Con menos de este dinero la persona se vería expuesta a padecer a una carencia de bienes y servicios básicos y normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido. En una provincia marcada por el paro y la estacionalidad en los empleos, esta circunstancia afecta a más población de la que lo reconoce.

Si nos atenemos a los registros que constan en Hacienda sobre los ingresos de los asalariados en la provincia de Cádiz descubrimos que hay más de 128.000 personas que declaran menos de 376 euros al mes, es decir que al año sus no superan los 4.517 euros brutos. Una cantidad que certifica su bancarrota financiera y que significa que cobran menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional. Esta masa de población tiene que recurrir a la solidaridad y al ingenio para sobrevivir. Administrar esa calderilla de cobre les exigirá en ocasiones hacer malabarismos con la legalidad y recurrir a «chapús», esos trabajos no especializado y de corta duración que constituyen la base de la economía sumergida. No son legales pero ayudan a subsistir.

Otro gran colectivo son los ‘seiscientoseuristas’. Una nueva generación salarial que ha dejado atrás al ‘mileurismo’ de antes de la crisis. Son jóvenes que se inician en el mercado laboral, trabajadores a tiempo parcial, empleados del sector doméstico y del sector primario (agricultura, ganadería y pesca).

Estos más de 61.000 contribuyentes presentan unos ingresos que no superan los 753 euros al mes, menos de 9.043 euros. Esta cantidad fue la se estableció en 2014 como la de referencia para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se fija todos los años, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Para calcularlo se tiene en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. España sigue muy lejos en este aspecto de otros países europeos como Francia, Reino Unido y Holanda que tienen un salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Como dato positivo hay que apuntar que el Gobierno ha subido levemente el sueldo mínimo los dos últimos años. Actualmente se queda en 9.172 euros anuales, un importe que es por ley inembargable.

Dentro de la precariedad está un tercer grupo que se mueve en los límites inmediatamente superiores al salario mínimo y que declaran entre 754 y 1.130 euros al mes. Son trabajadores que tienen un perfil cualificado pero no tienen titulación universitaria .

Administrando unos ingresos que siguen siendo exiguos se encuentran 46.752 personas que alcanzan los 1.500 euros mensuales, es decir 18.000 euros anuales. La mayoría pertenece al sector de la hostelería, construcción y los servicios auxiliares. También se incluyen trabajadores que realizan actividades administrativas y comerciales (aunque estos últimos trabajan con un modelo de salario fijo más incentivos vinculados a las ventas o a la consecución de objetivos).

En la horquilla que va desde los 18.000 euros anuales a los 36.000 se encuentran más de cien mil ciudadanos que cobran mensualmente entre 1.500 y 3.000 euros. Este segmento de la población aglutina gran parte de los trabajadores gaditanos como funcionarios de la escala básica, maestros, profesores de ESO y de FP, redactores y empleados de la banca. Son trabajadores con contrato indefinido y que pueden mejorar su salario con complementos retributivos como los relacionados con la antigüedad (trienios y sexenios), con el desempeño de puestos de carácter singular y de mayor responsabilidad (oficiales, comisarios, jefe de departamento, jefe de área, jefe de estudios, director…)

El nicho de los que no tienen que hacer demasiados números para llegar a final de mes lo ocupan 35.300 contribuyentes que ganan hasta 67.755 euros al año, es decir que disponen de entre 3.000 y 5.600 euros para gastar todos los meses. Aquí encontramos trabajadores que desarrollan su labor en empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, mandos intermedios de empresas y catedráticos con complementos y cargo académicos.

El siguiente grupo salarial no tiene que ajustarse demasiado el cinturón ya que incluso se puede permitir algunos caprichos con los 90.000 euros que alcanza al año. Estas 3.500 personas que ocupan el escalafón de plata son profesionales liberales como consultores, abogados, médicos en la sanidad privada (anestesistas, cirujanos estéticos), directivos y gerentes de empresas con más de 10 trabajadores a su cargo.

Finalmente, el millar que toca el Olimpo. Los 1.168 agraciados con salarios por encima de los 90.000 euros anuales. Esos son los auténticos ricos, ricos.

Los ‘top’

La crisis que hemos venido arrastrando desde hace siete años ha repercutido en todos los sectores de la sociedad. También lo ha hecho en las grandes fortunas, esas que no suelen ser ajenas a listas como la que anualmente publica Forbes. En esta revista aparecía, por ejemplo, el empresario Joaquín del Rivero. El jerezano, caído hace unos meses en desgracia tras una condena del Tribunal Correccional de París, llegó a amasar una fortuna de más de 2.000 millones de euros en la época dorada del ladrillo. Estaba al frente de inmobiliarias como Bami y la francesa Gecina pero su carrera empresarial sufrió un duro revés tras varios escándalos por malversación y blanqueo.

Sin embargo, hablar de riqueza en Andalucía es hablar de tierra y no solo por la bondad de sus cultivos. Desde la campiña jerezana, hasta los pueblos de la costa, pasando por Barbate y Zahara, las reses bravas pastan en paz en fincas de miles de hectáreas como los Torrestrella, la ganadería brava fundada por Álvaro Domecq en la Finca Los Alburejos. Amparados por este apellido de abolengo se reúne una extensa familia de bodegueros, ganaderos y caballistas íntimamente ligada a Jerez. También son referencia la familia Mora-Figueroa una saga de empresarios relacionados con una gran diversidad de negocios que van desde la agroindustria (poseen la gran finca de Las Lomas, en Cádiz y son dueños Surfruit, una planta procesadora de naranja en Sevilla), hasta la promoción inmobiliaria o las bebidas.

Tras el fallecimiento de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la ‘Duquesa Roja’ , sus tres hijos iniciaron una batalla legal para invalidar su testamento y heredar, –además de numerosas obras de arte–, el Palacio ducal de los Guzmanes de Sanlúcar y el archivo histórico de Medina Sidonia. Un legado que según la valoración del tribunal gaditano suma más de 50 millones de euros ya que solo el archivo atesora más de seis millones de documentos desde el siglo XII y está catalogado como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta. Tras una larga lucha el tribunal establece que 27 millones serán para los hijos y seis para la viuda.