El PSOE dice que el Gobierno persigue a emigrantes retornados

El portavoz adjunto del Grupo en el Senado, Francisco Menacho, y la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva Foncubierta, denunciaron ayer «la persecución y la nueva afrenta del Gobierno de Mariano Rajoy hacia los emigrantes retornados».

Tras una reunión, Menacho explicó, en un comunicado, que «si bien antes Hacienda penalizaba con sanciones y recargos en un gravoso proceso de regularización fiscal, ahora también desde la Seguridad Social se les están reduciendo sus pensiones».

Según el dirigente socialista, «cuando emigrantes retornados que son perceptores de una incapacidad total cumplen 55 años, pasan a cobrar un 75 % en vez de un 55 %, pero la gran sorpresa es que si han tenido una pequeña paga del extranjero se les quita ese 20 por ciento».

Así, tanto Menacho como Foncubierta han puesto el ejemplo de un ciudadano que se ha dirigido a la asociación para denunciar su caso: tiene una pensión de 1.004 euros y por percibir 56 euros del extranjero, le quitan 267 euros, recibiendo finalmente 736 euros.

El senador socialista criticó que el Gobierno «favorezca a los que tienen cuentas en paraísos fiscales y castigue a los más débiles, como ya hicieron en la anterior legislatura a través de Hacienda y que afectó a más de 40.000 emigrantes andaluces que se vieron afectados».

Crítica

En esta línea, se preguntó «por qué se hace ahora eso, por qué aplican una normativa del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 1994, aplicando un artículo 139.2, que declara incompatible la percepción de una pensión con la realización de cualquier otro trabajo y, de acuerdo con esto, le quitan el veinte por ciento».

«Es retorcido y malintencionado equiparar una pequeña pensión de 50 euros como si estuviera trabajando», censuró Menacho, quien ha advertido de que «eso no tiene base jurídica ninguna». Foncubierta ha apuntado que al haber miles de personas que cobran por invalidez ese veinte por ciento puede producirse «una cascada de denuncias», por lo que va a actuar «para evitar que la injusticia detectada en Sevilla se traslade a otras provincias, lo que demostraría que hay indicaciones claras por parte del Ejecutivo».

Del mismo modo, avanzó que el grupo Socialista elevará a Congreso y Senado «una proposición no de Ley para que se anulen estos procedimientos totalmente injustos que se están abriendo».

Aunque son las primeras cartas, exresó su temor de que el Gobierno «quiera iniciar una caza de brujas como sucedió con Hacienda», señaló el senador socialista, quien ha anunciado que realizará preguntas al Gobierno para «saber a cuantas personas se les ha dirigido escritos advirtiéndole de ese veinte por ciento que ahora pretenden restarle».

Por su parte, Foncubierta advirtió de que la asociación llevará a cabo «ofensiva institucional parar esta injusticia y evitar que se llegue a los niveles del proceso de regularización con Hacienda, cinco años sin parar de luchar y que ahora está parado, aunque van a continuar en cuanto puedan».