«El protocolo antidesahucios no evita ni paraliza el procedimiento»

Imparcialidad, proporción, rigor, objetividad, independencia, equilibrio, rectitud... son algunos de los principios que se mantienen inmóviles sobre la mesa del despacho de un juez. Pesan, pero ahí están. Cada uno de ellos es tan importante como el otro y ninguno puede fallar. Pablo Sánchez Martín (Granada, 1963) lo sabe bien. La experiencia le avala. Tras su paso por los juzgados de Antequera y Santa Cruz de Tenerife, el magistrado es desde 2013 el juez decano de Cádiz, donde llegó hace 20 años y, donde desde entonces, lucha a diario por defender que un buen trabajo tiene que ir respaldado de medios, que la eficacia, el compañerismo y el compromiso son materias ineludibles en la gestión y que el principio y fin de su profesión está ahí fuera; con los ciudadanos.

Cercano y amable se muestra al lado de la realidad.Quizá la conozca mucho mejor que otros porque, cada día, la mira a la cara.

–Recientemente firmaba con el alcalde de Cádiz el llamado protocolo antidesahucios. Ha dado mucho que hablar, ¿en qué consiste?

–Pues en que cuando en el juzgado se inicie un procedimiento que pueda dar lugar a que una persona sea desalojada de su vivienda, le vamos a facilitar la información de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que si lo desea acuda a este servicio por si allí le pueden dar algún tipo de ayuda. Bien, a modo de sufragar una deuda que pueda tener, o buscándole otra vivienda. Pero el protocolo no incide en absoluto en el procedimiento. No se evita ni paraliza. La única forma de que se pare es que haya acuerdo de las partes o bien que el demandado pague al arrendador. Nosotros sólo le decimos que puede contactar con Servicios Sociales.

–Entonces, ¿servirá para evitar desahucios realmente?

–Bueno, como freno del desahucio no tiene ningún efecto porque el procedimiento tiene que seguir adelante. Estamos sometidos a la Ley. No podemos admitir la intervención del Ayuntamiento ni de otro organismo en el procedimiento porque no está legitimado. Y así se les ha dejado claro. Luego dependerá de los recursos municipales. Además, hay que aclarar que afecta al que no pueda pagar al arrendatario, no a quien no pueda pagar hipoteca o a quien ocupe una propiedad ajena.

–Y en este proceso, ¿la protección de datos está asegurada?

–Sí. Se ha insistido mucho en que hasta que no haya consentimiento escrito de los afectados, no trasladaremos su solicitud de ayuda. Los datos que se facilitan son sólo los del demandado, los del arrendatario que puede ser desahuciado. Nunca los del arrendador.

–En otras ciudades lleva años en marcha. ¿Se ha notado su efecto?

–Sí. En Granada por ejemplo lleva unos dos años y la gente sí se está acogiendo. En la medida en que los juzgados puedan prestar colaboración debemos hacerlo, siempre y cuando lo permita la Ley.

–¿El número de casos de desahucios en Cádiz es alarmante, o está más o menos en la media de España?

–Son unos 200 al año. Entra dentro de la media. No hay grandes oscilaciones.

–Poco antes de firmar el protocolo, el alcalde de Cádiz criticó que los jueces actúen con tanta inmediatez en estos casos y sin embargo dilaten los tiempos «cuando se habla de gürteles, púnicas y corrupción», ¿qué le pareció esta observación?

–Bueno, a la Justicia se le critica si va rápida o si va lenta, da igual. Pero son cosas muy distintas. Un desahucio depende íntegramente de la oficina judicial, y si hay dilación es porque se tarda en localizar al demandado. Si no hay problemas, en tres o cuatro meses el asunto puede estar zanjado. Los temas de corrupción suelen conllevar investigaciones muy complejas. Ahí habría que tener en cuenta los medios materiales y personales con los que se cuenta que, en algunas ocasiones, no son los más adecuados, y además, retrasa la cantidad de diligencias que dependen de otros órganos que hay que practicar. Esta opinión, aunque en este caso viene de una administración local que no es la responsable de dotarnos de recursos, fue desacertada, porque hay que analizar las causas de por qué un procedimiento sí se puede llevar con cierta celeridad o por qué no.

Falta de recursos

–¿Qué necesidades de los juzgados de la provincia le preocupan más?

–La cobertura de bajas por enfermedad o por cualquier otra causa que en ocasiones se dilata en el tiempo. También en el caso de los jueces. Se intenta no poner sustitutos externos sino que nos cubramos entre nosotros, lo que supone una sobrecarga añadida. Y luego, la falta de medios materiales. Los sistemas informáticos no son especialmente potentes y las averías tardan en arreglarse. Por ejemplo, en los juzgados de lo Social llevan seis semanas con una sala de vistas inutilizada porque el sistema de grabación no funciona. Esto está suponiendo un esfuerzo tremendo para todo el personal. Están pidiendo que se les preste otras salas. Tienen que esperar y empezar los juicios después de que acaben los que están asignados, por lo que alargan sus jornadas laborales. Se les propuso que aplazaran pero han preferido no provocar más retrasos.