IU presenta sus armas para luchar contra la pobreza energética

La subida del precio de la luz y el agua ha puesto al límite a muchas familias gaditanas que, aún teniendo ingresos, se ven obligadas a pedir ayuda para hacerles frente. Es la llamada pobreza energética contra la que Izquierda Unida prepara una batería de armas para garantizar el derecho a acceder de una manera digna a los suministros.

Esas medidas, que ya se están poniendo en marcha en los municipios que gobierna la coalición de izquierdas, aspiran a tener cabida en los presupuestos y salir del ámbito de la beneficencia. «La pobreza no tiene apellidos. La pobreza es pobreza», ha señalado el coordinador provincial, Fernando Macías, que ha descrito la situación como «alarmante» durante una rueda de prensa en la que han participado regidores y concejales de varios municipios de la provincia.

Él mismo ha echado mano de este tipo de herramientas en Medina Sidonia, donde es alcalde, con iniciativas como el Suministro Mínimo Vital de Agua que lleva ya tiempo implantado y ha servido como modelo para otros ayuntamientos.

Macías ha considerado que las ayudas directa a los vecinos con problemas «fueron el primer paso», porque desde que comenzó la crisis a muchos les ha resultado imposible pagar las facturas. Sin embargo, su formación plantea la posibilidad de que ese apoyo se ofrezca «manteniendo la dignidad» de los beneficiarios y para ello «han de acceder a los servicios como un derecho propio». Igualmente ha planteado presentar mociones en todos los municipios e incluso en la propia Diputación de Cádiz para evitar que haya gaditanos que sufran cortes por no poder pagar el recibo. Otra de las cuestiones que recogerán estas mociones son la exigencia de un IVA reducido para los suministros y talleres para hacer un uso más racional de la energía.

En ciudades de mayor tamaño como Cádiz se ha planteado otra herramienta: el bono social. El encargado de presentarlo en esta rueda de prensa ha sido el concejal de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, que defiende el trabajo que se ha hecho de manera conjunta con asociaciones de vecinos y colectivos profesionales como el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Según ha explicado «se garantiza que cada familia cuente con este bono en lugar de solicitar ayuda a los Servicios Sociales». La medida se financia a través de los beneficios de la empresa pública -Eléctrica de Cádiz en este caso- y de las compañías privadas que tienen participación en la misma. Precisamente la puesta en marcha del bono está a expensas de que dos de ellas den el visto bueno.

Peor lo tienen los pueblos más pequeños que no cuentan con capacidad presupuestaria para desarrollar una medida de este tipo. Su única vía es destinar recursos para ofrecer ayudas directas a los residentes con problemas. Ese ha sido el camino que ha tomado Hugo Palomares en Bornos. Según cuenta, «desde que llegamos a la Alcaldía hemos aumentado la cuantía para este apoyo social un 17% y la intención es seguir ampliándolo». Eso lo acompañan de

A las medidas puestas en marcha por los municipios se suma el plan de lucha contra la pobreza energética que acaba de aprobar la Diputación de Cádiz y que está dotado con 600.000 euros. Esta herramienta ha sido aplaudida por los cargos públicos de IU, a pesar de «la tardanza con la que llega». Esa ha sido la crítica que ha lanzado el coordinador provincial de la formación al que le gustaría que ese programa se pudiera extender a todos los municipios y no sólo a los menores de 20.000 habitantes.

Finalmente ha valorado la decisión del coordinador andaluz, Antonio Maíllo, de denunciar a las compañías eléctricas por subir el precio del recibo en plena ola de frío, una decisión que el responsable gaditano ha considerado «ilegal».