Momento de la reunión ayer entre los comités de los astilleros de la Bahía y el PP
Momento de la reunión ayer entre los comités de los astilleros de la Bahía y el PP - LA VOZ
INDUSTRIA

El PP mete presión al Gobierno y exige la firma del plan industrial de Navantia

La dirección provincial del partido mantiene una reunión con los comités de la Bahía y alerta de que se ha paralizado todo lo avanzado en carga de trabajo

CÁDIZActualizado:

Las nubes de la incertidumbre vuelven a planear sobre el futuro de los astilleros públicos. El contrato de las cinco corbetas saudíes que se construirán en San Fernando a partir del próximo 9 de enero no es suficiente para garantizar la viabilidad de Navantia. Las primeras muestras de debilidad se advierten ya en la factoría de Puerto Real, que culminará la obra de los cuatro petroleros la próxima primavera con la entrega de la cuarta unidad. No hay nuevos contratos a la vista. A partir de ese momento, la factoría puertorrealeña asumirá parte de la obra saudí- seis de los quince bloques de cada barco-, aunque esta solución intermedia dictada por la dirección de Navantia no convence a la plantilla.

Representantes de los tres comités de empresa de la Bahía han mantenido este viernes una reunión con diputados y parlamentarios del PP donde se ha expuesto la difícil situación que se avecina para la industria naval si no se firman nuevos contratos de obra a corto plazo. De hecho, la firma del Plan Industrial que se negocia en Madrid desde el pasado enero está condicionada a la carga de trabajo. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha señalado que la firma de este acuerdo, clave para el desarrollo de la empresa, "está en peligro por la inacción del Gobierno". En este sentido, Sanz ha puesto de manifiesto que la moción de censura de junio, que acabó con el Gobierno del PP, y el nombramiento de nuevos cargos en Navantia y en la SEPI han terminado por paralizar un proceso tanto de firma del plan estratégico como de carga de trabajo «que ya estaba canalizado».

Cómo se recordará el plan que marcará el futuro de la compañía estaba cimentado sobre tres grandes pilares: Plan Comercial (ingresos), Plan de Eficiencia Operativa y Plan de Rejuvenecimiento de Plantilla.

Así, la previsión que hizo el anterior Gobierno para garantizar la supervivencia de los astilleros públicos fue prever una cartera de pedidos próxima a los 11.000 millones de euros, donde el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, era clave.

La primera línea de actuación, según el plan, será atender las necesidades de la Armada Española mediante la consolidación del Programa de Submarinos S-80, la construcción de fragatas F-110, el nuevo buque BAM de apoyo a submarinos y un buque de transporte de material destinado al Ejército de Tierra y que se construiría en el astillero de Puerto Real.

En segundo lugar, la compañía impulsará la actividad en el ámbito militar de exportación. Esta actividad militar de exportación presenta sinergias de I+D con la actividad militar nacional y ayuda a mantener las capacidades militares nacionales modernizadas.

Navantia incrementará la venta de servicios y fomentará nuevos modelos de negocio que presenten mejores márgenes e ingresos estables en el tiempo: reparaciones (donde destaca el mantenimiento de los destructores de la US Navy y los gaseros), Apoyo al Ciclo de Vida (ACV) y Transferencia de Tecnología (ToT) serán los objetivos principales. Se complementará con actividad civil, principalmente en el sector de Eólica-Offshore (Jackets), y en oportunidades rentables de construcción de buques civiles.

Sanz, que estuvo acompañado por la diputada Teófila Martínez, y la parlamentaria Ana Mestre, señaló que todo lo avanzado hasta el día de la moción está en el aire, ya que el nuevo Gobierno de la nación no ha presupuestado ninguna de las acciones que contempla el plan. En ese sentido, el presidente provincial ha aclarado que no es necesario esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)para dar luz verde a una obra militar de la Armada por que para ello se puede actuar mediante decreto. El comité de Puerto Real, en manos de CC OO, insiste en que sin carga de trabajo garantizada no habrá firma del plan estratégico.