Padres de niños gaditanos llevarán a la Fiscalía las carencias en atención temprana

La denuncia pública es, en muchas ocasiones, la mejor manera de reactivar un servicio que se ha visto tocado por la falta de recursos. Así lo empieza a entender la Plataforma por la Atención Temprana, que representa a más de 19.000 padres en toda Andalucía, y que reclama la recuperación del sistema. Su portavoz, Antonio Guerrero, daba a conocer el caso de una menor de la provincia de Córdoba que había sido hospitalizada por no recibir las terapias que precisa y apenas unos días después la Junta se ponía en contacto con la familia para ofrecerle el servicio.

Pero el colectivo no quiere quedarse en soluciones puntuales y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que el sistema provea a los niños con problemas de las atenciones que necesitan, tal como recoge el acuerdo marco.

En estos últimos años los centros de atención temprana, conocidos como CAIT, han ido perdiendo horas de concierto y profesionales. La reivindicación de las familias es permanente hasta el punto que ya hacen acopio de casos que tienen previsto llevar ante la Fiscalía del Menor de cada provincia.

En lo que toca a Cádiz tienen al menos doce identificados, según avanza Guerrero. Uno de ellos es el de un niño autista que sufre problemas de agresividad y al que únicamente se le ha ofrecido un monitor escolar, a pesar de que ha tenido ataques de ira en el colegio y en el ámbito familiar. «Muchas son situaciones alarmantes y se sigue negando o poniendo barreras al recurso», lamenta.

La plataforma hacía el viernes una encendida denuncia en Sevilla en la que ponían de manifiesto «las dificultades de las familias para ofrecer a sus hijos los cuidados necesarios que debería de proveer el sistema de manera gratuita». Explica Guerrero que las mayores carencias se producen en fisioterapia y logopedia por la falta de estos profesionales en muchos de los centros de atención temprana, que además se enfrentan a retrasos en el pago. «Hemos visto entidades que sólo tienen psicólogos y les falta el resto, pero a pesar de ello, siguen derivando a niños por la cercanía al domicilio en lugar de tener en cuenta los servicios que ofrece cada entidad».

Cuenta Guerrero que «los casos comenzarán a llegar a la Fiscalía de Menores cuando terminen las fiestas», pero se muestra convencido de que aflorarán mucho más, porque el problema no es nuevo. Este órgano judicial les ha pedido «presentar un escrito por cada caso describiendo la situación y adjuntando la documentación de que se disponga para actuar, en su caso, con la máxima celeridad posible». El colectivo calcula que ya hay más de un centenar en toda Andalucía y asegura que con estos recortes «la Junta está conculcando los derechos de estos menores». El portavoz resalta que «muchas veces se niega la reubicación para atender todas las necesidades de los niños pese a estar previsto en el acuerdo marco».

El asunto llega al Parlamento

La situación ha calado en el debate político, llegando incluso a presentarte una proposición no de ley en el Parlamento andaluz. Las riendas las ha tomado el grupo de Podemos, que planteaba un nuevo plan. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazara por el Ejecutivo andaluz, que defiende el modelo actual.

La que ha salido al paso de estas denuncias ha sido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, que lo consideró «absolutamente ejemplar» en todo el territorio» porque «no sólo se circunscribe a un centro en cada provincia como había hasta hace poco», al tiempo que «se ha quintuplicado el número de niños que se atienden», según informa Europa Press.

La responsable andaluza aludió a un decreto en el que se trabaja para regular este tipo de casos y que afecta no solo a las competencias de la Consejería de Salud, sino también a la de Políticas Sociales y Educación. Pero las familias lo consideran insuficiente y exigen una solución definitiva, una ley que garantice los servicios a los niños con problemas y que los haga menos dependientes. Guerrero recuerda que «por cada diez euros que se invierte en atención temprana se dejan de gastar entre 12 y 15 más adelante en atenciones sanitarias y servicios de dependencia». La comparación se la hizo el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que también sigue muy de cerca la lucha de este colectivo.