CONSTRUCCIÓN

Más obra pública y más vivienda protegida

Los empresarios apelan ahora a las administraciones públicas para que favorezcan la construcción de VPO

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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La patronal gaditana del sector apela a las administraciones públicas para que vuelva a la promoción pública de suelo y se puedan construir viviendas de VPO. El presidente de la federación provincial de constructores, Emilio Corbacho, sostiene que los planes de vivienda necesitan financiación, de lo contrario, son papel mojado. Esto es lo que ocurre con el suelo público. En opinión de Corbacho, la Junta no invierte en la VPO y es lamentable la parálisis del suelo público. Igualmente, llama la atención de la formación. Para Corbacho es clave que la Administración regional vuelva a impartir estos cursos para favorecer l reciclaje de una mano de obra que lleva casi diez años parada.

Otro de los inconvenientes que anota Corbacho para la recuperación del sector es la bajada de la obra pública.

La inversión en obra pública de las distintas administraciones para infraestructuras en la provincia de Cádiz ha caído en 2016 a los 87 millones de euros según el informe anual de adjudicaciones de obra pública elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop.

Esta cifra marca un «mínimo histórico» en cuanto a la contratación de obra pública en la provincia donde, además, según ha indicado «las administraciones reducen su esfuerzo inversor respecto a ejercicios anteriores».

Las partidas para contratación de infraestructuras gaditanas sufrieron una rebaja del 63% con respecto a 2015, y de un 87% frente a los datos previos a la crisis. A pesar de ello, Cádiz es la tercera provincia andaluza por volumen de inversiones, por detrás de Málaga y Sevilla, ha indicado Ceacop.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, ha alertado de que estos datos «alejan enormemente las posibilidades de recuperación del sector en Cádiz. Para poder ejecutar las infraestructuras comprometidas, para acometer el mantenimiento del patrimonio construido y para activar la generación de empleo, es necesario que las administraciones inviertan un mínimo de 400 millones de euros anuales». Sin embargo, en 2016 el esfuerzo inversor «ha resultado insuficiente», ya que «la contratación ha sido incluso inferior a una cuarta parte de lo necesario».

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