El juez admite como prueba el informe de Salud sobre la residencia de Chiclana

El caso de las dos ancianas que fallecieron tras recibir presuntamente una negligente atención médica en un centro de mayores de Chiclana sigue su curso en los juzgados. Los detalles de lo que supuestamente pudieron llegar a sufrir estas dos residentes impactaron por su dureza. Sobre todo cuando se supo que una de las enfermeras se llegó a encontrar «miles de gusanos» en el pie de una de las supuestas víctimas al destaparle un apósito. El médico que las atendía en la residencia y seis enfermeros más están siendo investigados por un posible delito de lesiones por imprudencia.

La acusación particular solicitó al Juzgado Mixto número 2 de Chiclana, que remitiera un oficio a la Junta de Andalucía solicitándole si había o no incoado expediente sancionador hacia la residencia investigada ya que ésta es concertada.

Dicho expediente sí se había tramitado por lo que se ha incluido en la causa.

En este informe dos técnicos de la Junta analizan la situación de una de las ancianas afectadas. El hijo de la fallecida dio parte a Salud el 2 de febrero de 2015 y acompañó su reclamación de fotografías e informes detallados sobre el estado de salud en el que se encontraba su madre. En dicho relato hace un repaso cronológico de todo lo acontecido y explica la respuesta médica que fue recibiendo. La afectada falleció semanas después por una sepsis generalizada por la supuesta desatención que había padecido.

No hubo seguimiento

Pues bien, en el inicio del procedimiento sancionador, los técnicos consideran que si bien el tratamiento que el médico implicado le indicó a la presunta víctima era el correcto, no hizo un seguimiento de dicho tratamiento. «No encontramos prueba documental de que el Dr. R. M. hubiese revisado la evolución de la lesión referida, pasadas las dos semanas de tratamiento, como el mismo había indicado», afirman.

Además, los inspectores hablan sobre otros cuidados que se le dieron. «Se evidencia una deficiente acreditación de los cambios posturales. En el período de encamamiento desde las 17.00 horas a la 1.00 horas solo se acreditan el 24% de ellos en diciembre y el 31% en enero de 2015». Lo mismo ocurre en horario nocturno donde, según el informe, no se le cambia de postura como era preceptivo dada su avanzada edad y las lesiones que presentaba.

Este estudio coincide con el que se realizó sobre la evolución de M. S., la otra residente que falleció tras una grave infección. En dicho informe se habla de dolores «intolerables» e «inhumanos», y se determina que no se siguieron las curas diarias prescritas por el hospital, lo que le provocó el empeoramiento de las úlceras. Así llaman la atención acerca de que tras la primera visita al hospital donde ya se les recomendó al servicio médico de la residencia dichas curas en sacro y talones, en el centro se le realizaron 27 de estas curas de un total de 57 días, por lo que concluyen que «en 30 días no se le realizó la cura».

«Extremo» dolor

Los inspectores entienden que la situación tuvo que ser atendida antes. «Consideramos que deberían de haber remitido a la paciente al hospital previamente y con mayor frecuencia con objeto de que se realizara un seguimiento de sus lesiones». Según constatan, allí se le realizaron las curas bajo anestesia para evitar así el «extremo» dolor que le producían.

Como también aseguran en dicho informe la situación tuvo que ser «suficientemente grave» ya que, tras valorarla, un médico de urgencias tramitó ante el juzgado de guardia de Chiclana un parte de lesiones por un «presumible maltrato a personas ancianas». La situación de la paciente también motivó que otro doctor expusiera en la hoja de evolución: «no es un caso que se asocie a la higiene y curas diarias, sino a problemas de falta de atención».

Por su parte la Junta de Andalucía espera de momento la resolución judicial para tomar las medidas oportunas sobre el centro investigado. La Consejería de Salud no se ha personado sin embargo como acusación popular en este procedimiento a pesar de que la residencia es concertada.

El abogado de la acusación particular, José Luis Ortiz, no entiende dicha circunstancia. «Por un lado emiten un informe demoledor e inician un expediente sancionador sobre el caso, pero después no se personan como acusación cuando deberían de estar velando por el interés público», lamenta.

Otra de las circunstancias a tener en cuenta de este asunto es que el principal investigado, el médico que atendía a las dos ancianas, R. M., sigue en busca y captura. Está acusado de un delito de lesiones por imprudencia.

El asunto se destapó cuando la Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Grena’, investigó la denuncia planteada por el sobrino de una de las supuestas víctimas. Según los informes aportados, esta residente había sufrido un auténtico calvario antes de fallecer en junio del pasado año debido a la grave infección que le provocó una gangrena en su pie que no se le curó.