«Era una incineradora, era normal que hubiera perros muertos por allí»

El dueño de la antigua perrera de Puerto Real, El Refugio, donde, según la acusación, se cometían malos tratos hacia los animales teniéndolos hacinados y provocándoles torturas en las eutanasias que practicaban, declaró este jueves en la segunda sesión del juicio que por este caso se celebra en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz. A preguntas de las partes, el procesado se extendió en aclarar que su función era la directiva. Que, como administrador único de la sociedad, no era él mismo el encargado de llevar adelante todos los asuntos referidos a las instalaciones, sino que delegaba en los profesionales que tenía contratados.

En este sentido, aseguró que no tenía constancia de los medicamentos específicos que se estaban administrando a los perros para practicarles la eutanasia ni el protocolo que existía.

«De eso se encargaban los titulados profesionales. No soy técnico, soy un empresario con más de 400 trabajadores. No estaba al tanto de todo», afirmó. El gerente contó además que visitaba «cada vez que podía» la perrera, porque le «gustaba» ver cómo estaban los animales y que «nunca» observó ninguna de las deficiencias de las que se les acusan. «Todo estaba en regla», aseveró.

Sobre si mantuvo una reunión en la que habló con los veterinarios del Mioflex, el fuerte paralizante muscular que, según la acusación, provocaba a los canes una muerte «lenta y agónica» por asfixia, el empresario dijo no recordarla, y que aunque hubiera existido, no se hubiera enterado ya que no es médico.

«No hubo recortes»

El dueño de la perrera insistió en que él no hubiera permitido que «allí se tratara mal a ningún animal» y que «jamás» aplicó medidas de recorte presupuestario como pedir a los veterinarios que compraran medicamentos más baratos o solicitar que se rebajara la asistencia a los animales. Según explicó, su empresa, frente a la que lleva más de 30 años, no ha pasado por ninguna dificultad económica, ni ha recibido alguna sanción económica ni de empleo o sanidad.

Además, en la segunda sesión se pudo ver en la sala un vídeo de perros moribundos y muertos que grabó una veterinaria y activista de una protectora que acudía con asiduidad al centro y que denunció la situación de «hacinamiento» que existía. A este respecto, el gerente de El Refugio aseguró que tales imágenes, «desagradables para todos», se producían en esa zona de la perrera ya que era allí donde almacenaban los canes que llegaban muertos antes de pasarlos a la incineradora. Recordó que, además de otros como adopciones o residencia canina, ofrecían ese servicio a diferentes municipios de la provincia ya que tenían «el único horno legalizado que había en Andalucía». «Se necesitaba tenerlos en algún sitio». «Era una incineradora, era normal que hubiera perros muertos por allí», recalcó.

En relación a si en sus instalaciones se cometían malos tratos, el dueño de El Refugio, aseguró que se realizaban controles a menudo. «Allí iba el Seprona un día sí y otro no. Nunca nos sancionaron», a la vez que destacó que incluso encargó un informe de calidad medioambiental de ‘motu propio’.

Como se recordará, el juicio está dirimiendo si en la citada perrera se sacrificaron perros de manera «indiscriminada» con Mioflex, un potente paralizante muscular que, según la acusación, provocaba a los canes una muerte «lenta y agónica» por asfixia. El Ministerio Fiscal pide para todos ellos una pena de un año de prisión por un supuesto delito de maltrato animal. Las acusaciones particulares, la protectora El Refugio que denunció los hechos, y la pareja italiana cuyos animales, como aseguran, fueron víctimas del caso, solicitan para los procesados un año y medio de prisión. Por su parte, las defensas piden la libre absolución de sus representados.