La Fiscalía alerta del recrudecimiento de la violencia de género entre los jóvenes gaditanos

La Fiscalía Provincial de Cádiz, en su memoria anual concerniente a los asuntos sobre violencia doméstica y contra la mujer, hace un llamamiento que, aunque no es nuevo, sí es especialmente preocupante. Más aún, si este aviso se repite y parece aumentar su dimensión año tras año.

Según alerta la fiscal responsable del área, durante 2015 se ha detectado un «recrudecimiento de la violencia en el ámbito juvenil», una lacra que, añade, está «poco reconocida como tal» dentro de los propios jóvenes, que no identifican como violencia machista determinados comportamientos que tienen ellos mismos o ven en amigos y parejas de su entorno.

Para el Ministerio Público gran parte de culpa de esta situación es de las «peligrosas» nuevas tecnologías, que encierran «serios riesgos y suponen canales abiertos para este tipo de agresores».

Advierte además el Ministerio Público que en muchas ocasiones por su reiteración a partir de la reforma del Código Penal estos supuestos de posibles delitos de violencia de género van a poder tipificarse de acoso o de delito contra la intimidad, como supuestos que antes se venían calificando como coacciones genéricas, siendo ésto último «más adecuado para la protección integral de la mujer la concreción de estos nuevos tipos legales».

En esta lucha contra una de las mayores lacras que sufre la sociedad española en los últimos tiempos, la Fiscalía considera que para plantarle cara hay que dedicar más tiempo justamente en educar a la juventud. «Debe demandarse una mayor colaboración y cooperación de un pilar de suma importancia en la formación de los valores de una sociedad como la nuestra. Este no es otro que el de la comunidad educativa». En este sentido, la Fiscalía cree que la previsión contenida en el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (la orden de 20 de junio de 2011) resulta «insuficiente».

También incide en su informe anual en la necesidad de mejorar la comunicación y traslado a la Fiscalía de los posibles casos de violencia de género que se detecten en los centros educativos entre la población juvenil. Como destaca, este trasvase de información tiene que hacerse de una forma «más fluida, estructurada y protocolizada». En este sentido, matiza que se debe de hacer con cuidado, debido a la sensibilidad y el rigor que exige este asunto. Entiende que no se puede descuidar «la debida confidencialidad y el superior interés de los menores». Considera además que se trata de una demanda social que cada vez es más alarmante y que ha incorporado «nuevas modalidades de maltrato entre nuestros jóvenes».

Roles heredados

La fiscal delegada del área Lorena Montero resalta que no se puede obviar que la violencia de género es un «problema estructural cuyo origen, se encuentra en la educación y en los roles machistas actualmente vigentes en muchos sectores de la sociedad». Como añade, «los adolescentes únicamente se limitan a reproducir o imitar conductas que han visto o ven durante su estancia en el núcleo familiar o incluso, en su círculo de amistades más íntima». Así, para luchar contra estas conductas heredadas y con la intención de hacer ver entre los jóvenes «la relevancia de denunciar cualquier situación de maltrato», la Fiscalía ha participado durante 2015 en varias actividades organizadas con tal fin.

La preocupación que confiesa el Ministerio Público en la memoria provincial se puede extender al resto de la región y del país. Un reciente estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya advertía sobre este hecho. Este análisis del Gobierno hablaba de «datos alarmantes que nos tienen que hacer reflexionar». Y daba algunas cifras: del medio centenar de mujeres asesinadas en lo que va de año, diez de ellas tenían entre 22 y 30 años.

Según este mismo informe, las mujeres jóvenes opinan con mayor frecuencia, en un 93% de los casos, que los malos tratos hacia ellas están más extendido que hacia los hombres. La percepción sobre la extensión de este mismo problema sobre la población masculina desciende hasta el 13%. Es más. Entienden que no es que haya más casos, sino que ahora lo que ocurre es que se conocen más.

Se mantienen las acusaciones

En cuanto a las cifras de los delitos de violencia de género, no sólo lo referido a los jóvenes, la memoria indica que se mantienen las acusaciones con 1.236 frente a las 1.349, 1.485 y 1.118 de los tres años previos. De éstas, no ha habido que lamentar ninguna por homicidio consumado, 1.185 por maltrato ocasional, cuatro casos por detención ilegal, 510 por amenazas, 55 por coacciones, dos por violación, siete por otras agresiones sexuales, y 263 por quebrantamiento de condena (normalmente es el alejamiento y prohibición de comunicación) o medida cautelar.

Además, especifica que los médicos forenses han valorado 65 agresiones sexuales, 56 de ellas como intervenciones en el servicio de guardia y nueve que se programaron por agenda. En este sentido, el Ministerio Público se felicita de que se haya mejorado el protocolo en muchas ocasiones en las que «no sólo se valora más a la víctima si no también a los menores y al agresor».

Por último, la fiscal incide en la necesidad de implantar en Algeciras y en el Campo de Gibraltar una unidad de valoración integral contra la violencia de género, debido a su lejanía con la capital y al elevado volumen de población de los tres partidos judiciales que lo integran.