El Festival Cabo de Plata sigue pese a los avisos de la Junta

Todo sigue adelante. Pese al peligro que late detrás de la maraña administrativa. La Junta de Andalucía informó ayer a la Fiscalía de las «irregularidades» en la celebración del Festival Cabo de Plata en Barbate entre los días 1 y 3 de julio, tanto en lo que respecta a la acampada ilegal como al concierto en sí, y recordó que el evento «incumple diversas normativas» desde el punto de vista turístico –por la acampada o zona de descanso– y medio ambiental, por la legislación en prevención de incendios en los espacios naturales protegidos.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz envió un informe a Fiscalía exponiendo todos los trámites realizados desde diferentes ámbitos de la Administración regional y los requerimientos enviados tanto a los promotores como al Ayuntamiento de Barbate, al tiempo que se ha informado de que el evento no cuenta con autorizaciones por parte del Gobierno andaluz.

En este sentido, anunció que este informe es un paso previo a la denuncia que se presentará dentro de varios días por parte de la Junta por los hechos ocurridos.

Por su parte, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, afirmó que «no estamos ni en contra ni a favor de que se celebre este evento, que no es el primero que tenemos en la provincia, pero el alcalde y los promotores deben saber que hay unos trámites que realizar y una normativa que cumplir, así como todo tipo de soluciones legales que plantear».

«Lo que no puede producirse en ningún caso es que se incumpla la ley a sabiendas y a pesar de los múltiples requerimientos y advertencias realizados», manifestó. En este sentido, López Gil recordó que desde la Junta de Andalucía es habitual trabajar con distintos promotores para la puesta en marcha de este tipo de eventos, como la acampada oficial que se instala cada año en los aledaños del Circuito de Jerez con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo y que sí cumple los requisitos legales para no operar de forma clandestina.

Así, explicó que para ello cuentan antes del inicio de actividad con la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), y posteriormente disponen del preceptivo informe de clasificación administrativa. La única excepción a esta situación de clandestinidad serían acampadas o zonas temporales descanso en las que no medie ánimo de lucro o publicidad, lo que no ocurre en este caso donde hay promoción de la oferta y precio diferenciado para los que hagan uso de la acampada.

López Gil recordó que desde la Junta «no se han concedido ninguna de las autorizaciones solicitadas para el evento», como la de uso de zona de servidumbre de protección, ya que «no se cumplen los supuestos para ello al estar el expediente incompleto», al tiempo que se informa de que se ha requerido a los promotores que desmonten parte de la infraestructura (escenarios y carpas) que se había instalado en esa zona.

Pero el alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA), sigue con los planes previstos pese a estos avisos. Ayer aseguró que «todas las competencias son municipales» en cuanto a la celebración de este festival y que el plan de prevención «supera incluso las garantías de cualquier evento que se pueda hacer a nivel de España y Andalucía, tanto en prevención de incendios como en seguridad». Al mismo tiempo, acusó a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno de hacer «un drama» y les reprochó su falta de apoyo a la difusión y proyección turística del municipio.

Molina explicó que el terreno en el que se va a desarrollar el evento «es urbanizable», insistiendo en que «las competencias son totalmente municipales». Se quejó de la repercusión mediática de los reparos tanto del Gobierno central como del andaluz, aseverando que el evento «se va a realizar» y que tiene «todos los permisos del Ayuntamiento».

El regidor barbateño señaló que van a «hablar con la Subdelegación y la Junta para ver qué problemas encuentran». En este punto, quiso dejar claro que es «un evento en el que el mayor beneficiado es el pueblo de Barbate», que ha dicho que está «cansado ya de que no se le deje hacer cosas».

Mientras tanto, la Fiscalía de Medio Ambiente ha instado a la Guardia Civil a que levante atestado y que le mantenga informada de las actuaciones que lleven a cabo. Los agentes además tendrán que vigilar las decisiones que tomen todas las administraciones implicadas, por si finalmente deciden abrir una investigación.

Por otro lado, algunas fuentes consideran que la opción de desalojar la acampada a estas alturas no es recomendable debido al gran número de personas que se van a concentrar en un mismo espacio, lo que podría complicar la salida ordenada y sin riesgos de los asistentes.

Una «locura»

Ecologistas en Acción también ha tomado posición en esta polémica. La responsable de la organización en la provincia, Lola Yllescas, advirtió de los posibles daños que puede ocasionar una concentración de más de 35.000 personas en la zona, «que duplica la población de Barbate». Calificó de «locura» que se pueda desarrollar esta acampada, «ya que una localidad como Barbate no tiene capacidad de gestión del agua o los residuos que generan tal cantidad de personas». Ecologistas en Acción ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía .