Coronavirus
Coronavirus Cádiz: Las excepciones impiden la inmunización total en las residencias
Los centros de mayores empiezan a recibir la segunda dosis de la vacuna, pero necesitan un plan especial para los ancianos que no se han vacunado
Decenas de residencias de mayores concluyeron durante la pasada semana la campaña de vacunación. Pese al revés en la entrega, la Consejería de Salud y Familias ha priorizado en esta segunda fase los centros de mayores , que concentra la mayor parte de los fallecimientos registrados por coronavirus tanto en la primera como en la segunda ola.
Durante las últimas semanas los efectos de la vacuna ya se han hecho notar. Fuentes sanitarias aseguran que, gracias a las primeras dosis –que ya aportaban anticuerpos que protegían contra el virus–, la mortalidad está siendo menor en muchos centros a pesar del incremento de contagios en este mes, el más duro desde el inicio de la pandemia en Cádiz. La campaña de vacunación pretende evitar casos como el de la residencia Nuestra Señora del Rosario, en Los Barrios, donde un brote contagió a gran parte de los ancianos y provocó más de 30 muertes. Pese a que el centro apenas registró fallecimientos durante la primera y la segunda ola, la cepa británica y la tercera ola dejó uno de los peores registros de la pandemia en Cádiz.
Por ello, las residencias de mayores están siendo una prioridad para la Junta de Andalucía en esta campaña de vacunación y la segunda dosis ya ha llegado a muchas de ellas. Las primeras en recibirla fueron la residencia Lago, en Arcos, y La Granja, en Jerez. En toda Andalucía, la Junta ha inyectado la segunda dosis a 67.531 personas , según los datos ofrecidos el viernes.
Sin embargo, la inmunización no será total porque no todos los ancianos se han vacunado. Evidentemente los protocolos no serán tan estrictos como durante los últimos meses –más aún en los 21 días que separaron la primera de la segunda vacuna–, pero sí se mantendrán ciertas pautas.
Los centros residenciales prestarán especial atención a las «excepciones», los ancianos o trabajadores que no han llegado a vacunarse . «Es voluntario y a veces, cuando preguntas, te encuentras alguna negativa, pero son excepciones. Algunos también prefirieron esperar y se incorporaron a la campaña en la segunda fase. Pero la tónica general ha sido no poner pegas y directamente preguntar dónde y cuándo hay que ponérsela», dice Beatriz Tello, directora de la residencia de mayores Edad Dorada en Medina Sidonia.
Pese a que no es lo habitual, algunos ancianos siguen sin vacunarse en estos centros por distintos motivos: algunos por las dudas planteadas por la vacuna entre pacientes con alergias a medicamentos; otros por la dificultad de que ciertos tutores, familiares lejanos, envíen su consentimiento ante la falta de confianza; y otros, familiares de negacionistas convencidos que bajo ningún concepto permitirán que el residente se vacune.
Eso afectará a nivel organizativo. Las posibilidades de un brote se reducen, pero aquellos residentes que siguen sin vacunarse siguen siendo objetivo del Covid-19. « Tendremos que hacer ‘cortafuegos’ en zonas comunes . Tenemos un salón grande, de unos 300 metros cuadrados, y haremos pequeños grupos, separados con dos metros, con las personas no vacunadas repartidas», explica José Antonio Facio, director de la residencias para personas con Alzheimer AFANAS Nuestra Señora de la Paz, en Chiclana.
Un juez puede obligar a vacunar a los ancianos
Los juzgados pueden obligar a vacunar a un anciano en caso de que los familiares o responsables legales no den permiso en casos relacionados con personas que carecen de plena capacidad jurídica para obrar en defensa de sus intereses, como es habitual en las residencias de mayores.
Se han dado casos en toda España, algunos en Andalucía, pero de momento ninguno en la provincia de Cádiz. Las residencias pueden acudir directamente al juez cuando la familia no da autorizacion respecto a un internado en centro residencial, con el objetivo de que resuelva lo pertienente y más conveniente para esa persona, oido el Ministerio Fiscal. Esto permite agilizar el procedimiento y ayudar a la inmunización total en residencias. En este tipo de casos incide la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, según la cual si se determina como «desacertada» la decisión adoptada en materia sanitaria por los representantes legales de una persona que «carece de capacidad» para decidir por sí misma, puede mediar una «intervención judicial».
