Dos exalcaldes de Rota, condenados

Tras más de seis meses de deliberación, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz emitía ayer su fallo sobre el ‘caso uniformes’ que ha dirimido la responsabilidad de veinte acusados en las compras irregulares que el Ayuntamiento de Rota hacía a la empresa de confección propiedad del exalcalde Lorenzo Sánchez y otros socios. La Sala ha condenado al exregidor de Roteños Unidos (RRUU) y actual miembro de la Corporación municipal, a año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, además de diez años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. La misma pena ha impuesto a la exconcejal Montemayor Laínez, quien fuera considerada su presunta mano derecha en la trama que se ha juzgado.

Por su parte, Eva Corrales, también exalcaldesa de Rota y exconcejal del PP, ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cargo público por delito de prevaricación aunque ha quedado absuelta de la pena de negociaciones prohibidas.

Además, Antonio Peña (PP), exalcalde de Chipiona, pero que durante los hechos juzgados ocupaba el cargo de concejal en Rota, ha resultado finalmente absuelto.

En cuanto al resto de acusados, la mujer de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco ha sido condenada a un año de prisión y dos de inhabilitación por negociaciones prohibidas, además de siete años de inhabilitación por prevaricación. Mismas penas se impone a Isidro Martín Bejarano, considerado por la acusación como el testaferro de Sánchez.

Para Ismael Puyana y Sonia Rodríguez, administradores de las empresas investigadas, se imponen seis años de inhabilitación. El resto de funcionarios, como el secretario del Ayuntamiento, que fueron juzgados además de los miembros del equipo de Gobierno, también investigados, han resultado absueltos.

La causa sentó en el banquillo de los acusados en mayo y durante nueve sesiones a una veintena de personas, entre ellos, tres exalcaldes además de otros políticos y funcionarios. El ‘caso uniformes’ dirimía la responsabilidad de los investigados por firmar contratos públicos en la compra de uniformes para el Ayuntamiento roteño que fueron adjudicados presuntamente a una red de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales, a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.

El Ministerio Público solicitaba penas de inhabilitación y/o cárcel para 20 personas. A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde y antigua mano derecha de Corrales, Lorenzo Sánchez. La Fiscalía pedía para él cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. Sánchez forma en la actualidad parte de la Corporación municipal de Rota por RRUU por lo que esta sentencia, de ser firme, forzaría su salida del Ayuntamiento. Además también se ha dilucidado la responsabilidad de Antonio Peña (PP), el único que en el momento del juicio (dimitió el pasado mes de octubre), y que en el momento de los hechos, era concejal en Rota.

Tres en una

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ, repasa punto por punto y de una manera detallada en más de doscientos folios, el desarrollo de los hechos. Así, considera probado que Lorenzo Sánchez constituyó desde el año 84 a 1996 tres sociedades distintas que, «bajo una unidad empresarial única» se dedicaban a la fabricación de uniformes y su posterior comercialización. Éstas eran: Coanda Sociedad Cooperativa Andaluza, Epis Rotasur S. L. y, por último Pacheco Puyana S. L., en la que figuraban como admistradores y socios otros de los investigados.