La condena de los exdelphi

El colectivo exdelphi cumplirá el próximo 25 de enero dos años de encierro en el edificio de los sindicatos, en Cádiz. El tiempo pasa, pero todo sigue igual, más bien peor, para este contingente de parados que lleva ocho años reclamando una solución digna para un conflicto laboral que se cerró en falso por decreto de la Junta. Los extrabajadores de Delphi son el vivo paradigma de la ley de Murphy, es decir, de ese principio empírico que explica la fatalidad de las cosas. El caso Delphi empezó mal desde el mismo día en que se anunció el cierre de la factoría de Puerto Real, un 23 de febrero de 2007. Nadie podía creer entonces que el gigante de la automoción abandonaba la Bahía de Cádiz después de 20 años y dejaba tirados a sus 2.000 trabajadores.

Apartir de ese instante empezó a escribirse la historia negra del mercado laboral gaditano.

La inminencia de unas elecciones ayudaron a construir una auténtica farsa entorno a los afectados. Fue la Junta de Andalucía, entonces capitaneada por Manuel Chaves, la que abanderó la defensa de los parados de Delphi e hizo patria de ello. El Gobierno regional anunció inversiones a través del Plan Bahía para facilitar así la llegada de nuevas empresas a Cádiz y recolocar con ello a la mano de obra que había dejado tirada Delphi.

Más de 500 millones de euros se movieron entre 2007 y 2012 para paliar un terremoto laboral que dejó a la Bahía tocada de muerte. Los exdelphi llevan años peregrinando para que la Junta cumpla con sus compromisos y facilite la recolocación. Sin embargo, de lo pactado en junio de 2007 ya no queda nada, salvo que la justicia reclama ahora a los parados la devolución de una parte de las ayudas que percibieron. La Inspección de Trabajo aclara que el contrato de formación que facilitó la Junta fue ilegal.