MERCADO LABORAL

¿Cómo se reparten los funcionarios en Cádiz?

Administrativos y docentes pagan el último ajuste del sector público, que se ha llevado por delante más de 4.000 plazas en apenas seis meses

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  1. Administración general

    El sector público da trabajo en la provincia a un total de 72.760 personas. Ese es el registro a julio de 2015 que acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda y que poco tiene que ver con los 76.957 que llegó a alcanzar en enero –4.197 más–. Aquel balance que se dio a conocer a punto para la convocatoria de las andaluzas y a unos meses de las municipales dibujaba una situación que se parecía más a la de 2009 que a la de 2013 tras tocar fondo.

    En esta ocasión han sido los administrativos los que más han pagado el ajuste, después de que ya lo hiciera la sanidad, uno de los ámbitos más castigados por los recortes. Esa reducción de personal resulta especialmente llamativa en los centros de trabajo de ministerios, agencias estatales y delegaciones territoriales de la Junta, donde hay en torno a 8.600 empleados públicos. La ampliación de sistemas telemáticos y la nula reposición de plazas que van quedando libres han destruido alrededor de 2.500 puestos de funcionario y personal laboral en ambas administraciones en estos últimos seis años.

  2. Educación

    La educación, que había mantenido el tipo hasta ahora, se ve igualmente comprometida, tanto en niveles obligatorios como en la universitaria. Los centros escolares de Cádiz cuentan con 15.886 profesores, un centenar menos que hace un año. Desde 2009 han perdido un total de 163 docentes.

    Se espera que la convocatoria de empleo público prevista para este año le dé la vuelta a ese balance. La Junta ya ha aprobado la creación de 1.885 nuevas plazas entre 2016 y 2017.

  3. Universidad

    Igualmente la Universidad ha recortado plantilla, con 81 docentes e investigadores menos en este último año hasta quedar una nómina de 1.541. A ellos se suman los 617 profesionales que se encargan de las labores de administración y servicio. La UCA también se ha visto obligada a hacer un esfuerzo para cumplir con un presupuesto cada vez más austero.

    No es alarmante en cifras relativas pero, sin duda, este recorte no ha pasado desapercibido entre la comunidad universitaria, que ha visto ampliada sus horas de docencia para suplir las carencias de personal. La carga lectiva se aumentó hasta los 32 créditos máximos en 2014 y se perdió capacidad para la investigación.

  4. Sanidad

    Por el contrario, la sanidad parece vivir una leve remontada, que buena falta le hace, con un nuevo aumento de personal que se verá reforzado por la oferta pública que ya está en marcha. El SAS acaba de iniciar las pruebas para crear más de 3.000 plazas de todas las categorías que darán estabilidad a decenas de profesionales que hoy trabajan como eventuales en Andalucía. El primer examen se celebró el pasado 13 de diciembre y continuará para el resto de categorías entre enero y marzo.

    Sin embargo, la convocatoria se queda muy corta para recuperar todos los puestos de trabajo que se han quedado por el camino. Nada menos que 813 en la provincia de Cádiz y alrededor de 8.000 en toda Andalucía, que se han intentado compensar con más contratos a profesionales de forma eventual por temporadas cortas y al 75% de la jornada.

  5. Cuerpos de seguridad y Defensa

    Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron los únicos que continuaron ganando efectivos mientras el resto veía cómo se iban quedando mesas vacías. Policía Nacional y Guardia Civil han ido celebrando oposiciones de manera periódica hasta que en 2014 sufrieron el primer recorte que se ha acentuó el año pasado. No obstante, ya tienen pendiente una nueva oferta de empleo público que permitirá el reemplazo de agentes y la incorporación de nuevos aspirantes.

    En la provincia son un total de 4.740 y representan algo menos de la mitad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que alcanzan los 10.962. Esa es una de las primeras opciones para opositar que tienen a mano los gaditanos y que también se ha visto afectada por los recortes, aunque en menor medida.

  6. Justicia

    A lo que parece que se ha prestado más atención este último año es a la justicia dado el nivel de saturación que sufre. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Junta de Andalucía han ampliado el número de profesionales que se encargan de administrarla en Cádiz. Los primeros, con un aumento de jueces y fiscales que han permitido pasar de 327 en 2009 a 382 en 2015. Los segundos han ampliado el número de profesionales que hacen posible el funcionamiento de los tribunales hasta llegar a los 1.043. Y la tendencia ha de ser a seguir creciendo con la creación de un nuevo juzgado de lo mercantil este año.

  7. Ayuntamientos

    Pero si una administración ha sabido aprovechar la oportunidad que daba el Ministerio de Hacienda hace un año para reponer las plazas vacantes ha sido la local, que meses antes de las elecciones elevaba el gasto público. Los planes de ajuste han sido un importante escollo, pero muchos ayuntamientos lo han salvado para ampliar sus plantillas hasta el punto de elevar la nómina de funcionarios y personal laboral hasta los 15.633.

    La cifra ha ido en aumento desde 2013, cuando se alcanzaron mínimos históricos (14.386 trabajadores municipales). Sin embargo, no tiene nada que ver con el balance del pasado enero durante el que se llegó a registrar 19.160, más incluso que en 2009.

  8. El peso del empleo público en Cádiz

    A pesar de las limitaciones que estableció el Gobierno central para la reposición de empleados públicos, el sector sigue siendo un pilar muy importante del mercado laboral de la provincia. Los 72.760 funcionarios y trabajadores dependientes de las administraciones representan nada menos que el 22% de los afiliados a la Seguridad Social en Cádiz. Hay que tener en cuenta que no todos ellos tienen una relación indefinida con el sistema público. En esta estadística cuentan también los que firmaron un contrato de al menos seis meses. Paradójicamente, no entran dentro de la misma el personal de las empresas públicas, ni los cargos electos ni de confianza que bien podrían elevar ese porcentaje.

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