El cobro de prestaciones de los exdelphis llega al juzgado

Los exdelphis se tendrán que ver ahora las caras con la Justicia. El próximo lunes comienza en el juzgado número 3 de lo Social de Cádiz el juicio contra el colectivo por simulación de contrato durante el tiempo que estuvieron asistiendo a cursos de formación entre los años 2009 y 2012. La Inspección de Trabajo dio la voz de alarma y ahora la Seguridad Social exige la devolución de las prestaciones que lograron reunir gracias a los años de formación, es decir, los tres años de formación sirvió a unos 400 de ellos para juntar meses de cotización laboral y poder percibir el paro. Sin embargo, el contrato que les hizo la Junta no era legal y ahora se pagan los platos rotos.

Las ayudas que percibieron por su formación gracias a la Junta son ilegales, según se desprende de un informe de la Inspección de Trabajo que, finalmente, ha terminado en el juzgado. Esta noticia fue adelantada por LAVOZ en octubre de 2014 y ahora los extrabajadores se ven con la soga al cuello ante la evolución que ha llevado el caso en el campo judicial. Se le reclama a cada trabajador una media de 6.231 euros.

El Ministerio exige la devolución de algunas cantidades que percibió este colectivo en concepto de prestación por desempleo. Según la Inspección, el tipo de contrato que reguló su formación remunerada durante esos tres años fue ilegal. Es decir, la figura laboral que inventó la Junta para contratar a parados y pagarles un salario público por dar un curso de formación no está contemplada en el ordenamiento laboral. Los extrabajadores se consideran víctimas.

Ante esta situación, el colectivo ha formalizado recursos de reposición contra los autos dictados por los juzgados de lo Social de Cádiz en los que, a solicitud del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se acuerda la adopción de medida cautelar consistente en autorizar la suspensión del abono de las prestaciones o subsidios de desempleo que vengan percibiendo.

El juez ha citado a declarar en calidad de testigos este lunes a los representantes sindicales y a la Fundación de la Universidad de Cádiz (Fueca), encargada en última instancia de impartir la formación. La segunda parte del juicio se verá a partir del 4 de septiembre.