Extrabajadores de Delphi en el encierro que protagonizan en Cádiz
Extrabajadores de Delphi en el encierro que protagonizan en Cádiz - ANTONIO VÁZQUEZ
LABORAL

«En el cierre de Sant Cugat no se han metido por medio los políticos»

Dos extrabajadores de la planta puertorrealeña reconocen a toro pasado que el error fue negociar con la Junta en vez de con la empresa

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El cierre de Delphi se anunció en víspera de elecciones. En mayo de 2007 tuvieron lugar las municipales, mientras que en marzo de 2008 se celebraron las autonómicas y las generales.El despido de 1.900 trabajadores podía distorsionar las campañas y el resultado. Había demasiado en juego. Ante esta situación, la Junta tomó cartas en el asunto y abanderó la defensa de la plantilla de Delphi.

El Gobierno regional, entonces dirigido por el socialista Manuel Chaves, pilotó la negociación con la empresa. Nueve años después del cierre, los extrabajadores Joaquín Góngora y Joaquín Sánchez reconocen que fue un error. Ambos señalan que el cierre de la planta de Sant Cugat que afecta a 500 empleados no tiene nada que ver con «la salvajada» que se perpetró en la Bahía.

Coinciden en advertir que en Sant Cugat no se han metido por medio los políticos.

La plantilla catalana, aunque dolida por el cierre, ya ha pactado un plan social con la empresa que, pese a todo, ofrece buenas garantías económicas. Así, se negocian 65 días por año trabajado, indemnizaciones y bajas incentivadas. Como contraprestación, Delphi ha solicitado la paz social, es decir, que el cierre no se convierta en una guerra en la calle. Hoy los extrabajadores de Delphi de la Bahía de Cádiz se lamentan por no haber negociado directamente con la empresa. El cierre de la factoría gaditana fue muy barato para la multinacional, ya que provisionó solo 120 millones de euros. La Junta se encargó de anunciar recolocaciones y formación con el fin de tapar los efectos de un terremoto laboral en plena campaña electoral de unas municipales.

Joaquín Sánchez es uno de los afectados por el reciente fallo del juzgado número 3 de lo Social de Cádiz que paraliza la ayuda que percibe hasta que salga el juicio por el supuesto fraude del contrato que reguló la formación del colectivo entre 2009 y 2012. «Nosotros no tenemos nada que ver con el contrato que inventó la Junta. Nos sentimos engañados y estafados». Joaquín contaba 40 años cuando cerró Delphi y su situación laboral ha sido muy complicada. Ha trabajado estos años como albañil y soldador, incluso cogió ofertas por dos y tres meses en Suiza y Argelia.

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