Anteriores registros en el consistorio
Actualizado: Guardar14 de octubre de 1998
La Fiscalía Anticorrupción registra el Ayuntamiento de Marbella y el Vicente Calderón
La Fiscalía Anticorrupción dio una nueva vuelta de tuerca a la complicada situación que vivía Jesús Gil y Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella. El número dos de la citada Fiscalía, Carlos Castresana, y el titular del Juzgado Número 7 de Marbella, Santiago Torres, encabezaron una comisión judicial que acudió al Ayuntamiento. Buscaban información de los convenios firmados entre el Ayuntamiento que preside Jesús Gil y el Atlético de Madrid, equipo propiedad del propio Gil. El grupo municipal socialista, que presidía Isabel García Marcos, denunció este convenio en 1996. Acusaba a Gil de malversación de fondos públicos y de fraude por una cantidad cercana a los 2.000 millones de pesetas.
El fiscal anticorrupción Carlos Castresana, acompañado de varios agentes de la Policía Judicial y bajo la supervisión del juez de instrucción número 7 de Marbella, permaneció hasta altas horas de la noche en el ayuntamiento de la ciudad costasoleña registrando sus archivos y requisando documentación contable sobre la gestión municipal del equipo dirigido Jesús Gil y Gil. Simultáneamente, una veintena de guardias civiles registraron también el estadio Vicente Calderón, sede del club de fútbol Atlético de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas diversas diligencias en las que estaba involucrado el alcalde marbellí; una de ellas investigaba la presunta conexión económica ilegal del consistorio de Marbella y el Atlético de Madrid a cuenta de la publicidad y patrocinio que 'vendía' el municipio en las camisetas del club de fútbol presidido por Gil y Gil.
26 de noviembre de 1998
Gil afronta un segundo registro judicial del Ayuntamiento en busca de documentos
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Antonio Ruiz Villén, siguiendo los pasos de su colega del número 7, Santiago Torres, decidió registrar el Ayuntamiento. El magistrado ordenó la entrada y registro de la sede social de la empresa Jardines 2.000, una de las sociedades municipales del Ayuntamiento de Marbella, con el objeto de obtener facturas y soportes documentales e informáticos relacionados con la adquisición de la estatua del artista ruso Zubrab Tsereteli por parte del consistorio. El Ayuntamiento calificó la actuación de «parafernalia».
Una comisión judicial integrada por la secretaria del juzgado, dos inspectores de finanzas de la Agencia Tributaria y seis inspectores del cuerpo Nacional de Policía, algunos de ellos del servicio informático, comenzaron el registro en el Ayuntamiento sobre las 10,30 horas de la mañana. El secretario del Ayuntamiento informó a la comisión de que los libros de contabilidad y la documentación de Jardines 2.000 se encontraban en la sede de la también sociedad municipal Planeamientos 2.000. El juzgado dictó una nueva resolución para recoger esta información en dicha sede.
El magistrado recabó documentación para conocer el destino de 141 millones con los que el Ayuntamiento supuestamente pagó la estatua al escultor a través de distintas empresas. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, presentó una denuncia en noviembre de 1996 contra el alcalde, Jesús Gil, y el entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental negando así la donación del monumento.
El Ayuntamiento firmó en un primer momento un convenio con el escultor y con el alcalde Moscú, Yuri Luzhkov, para adquirir la estatua por 141 millones de pesetas. El pago se realizaría con la cesión de tres solares valorados en dicha cantidad. Jesús Gil explicó que tras la denuncia del PSOE y en plenas elecciones en Rusia, el alcalde de Moscú decidió donar la escultura con lo que el Ayuntamiento de Marbella sólo debería pagar los gastos de aduana, transporte y colocación.
9 de febrero de 2001
Un juez de la Audiencia Nacional registra por sorpresa el Ayuntamiento de Marbella
El titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco, efectuó apoyado por un amplio dispositivo de policías y funcionarios judiciales llegados desde Madrid, un registro exhaustivo de cinco dependencias municipales. Objetivo: hallar pruebas sobre el presunto desvío de casi 4.500 millones de pesetas de dinero municipal por medio de sociedades municipales y empresas ficticias. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella, entre otros, contra Jesús Gil; el gerente de Planeamiento 2000, sociedad que controla el urbanismo municipal, Juan Antonio Roca, y José Luis Jiménez, responsable en aquel tiempo de la empresa municipal Contratas 2000, ejecutora de la práctica totalidad de las obras municipales.
El juez de la Audiencia Nacional Ruiz de Polanco, que se desplazó a Marbella personalmente para practicar estas diligencias, buscaba documentos sobre el caso de la presunta apropiación indebida de casi 4.500 millones de pesetas de fondos municipales que se desviaron a cuatro sociedades fantasma. La Fiscalía Anticorrupción se querelló finalmente contra Jesús Gil; el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca; José Luis Jiménez, responsable de la empresa municipal Contratas 2000, y otros implicados por los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad en documento público y prevaricación.
El juez rastreaba la presunta contabilidad en dinero negro que manejaba la empresa municipal Contratas 2.000, entidad que controlaba la práctica totalidad de las obras municipales en el primer mandato de Gil, entre 1991 a 1995. Anticorrupción sostenía que se habrían emitido centenares de facturas falsas sin control y cargadas por servicios ficticios que ejecutaban cuatro empresas.
