CÁDIZ
Los quince «no sé» de Kichi ante la jueza por los chiringuitos
Ciudadanos asegura que el alcalde contestó que no sabía a la mayoría de las preguntas que le formuló la instructora sobre su gestión en la concesión a estos negocios, denunciada por presunta prevaricación
Hasta en quince ocasiones respondió «no sé» el alcalde de Cádiz, José María Gonzalez, a la jueza que instruye la causa iniciada contra él por la gestión de los chiringuitos. El regidor gaditano acudió este pasado miércoles a los juzgados de San José tras la denuncia presentada por Ciudadanos por su supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de los chiringuitos. Cs interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en agosto.
Según ha desmenuzado este viernes el portavoz municipal de C's, Juan Manuel Pérez Dorao, en una valoración «estrictamente política», sobre esta declaración, el alcalde gaditano no respondió con explicaciones a la «mayoría» de las preguntas que le formuló la instructora. Como ha asegurado tras tener acceso a lo expuesto por Kichi en sala, el regidor «no sabía o dijo no saber» por lo que se le estaba preguntando hasta en quince ocasiones. «Nos anunció que tenía mucho interés en acudir a los juzgados pero sin embargo luego dice que no sabe para qué ha ido», evaluaba Pérez Dorao la actitud de González Santos en este asunto.
Como ha detallado, el primer edil aseguró no saber nada sobre las siguientes cuestiones: que se estaba transmitiendo la concesión, qué canon pagan los chiringuitos, si en las reuniones mantenidas con la Junta estaban presentes los propietarios de estos negocios, tampoco -siempre según la declaración a la que ha accedido Ciudadanos- quién tuvo la iniciativa de buscar una nueva vía que permitiera saltarse la fase de concurso, si se puso en conocimiento de los concejales de la Junta de Gobierno Local el dictamen de la Junta que prohibía la modificación de las condiciones sustanciales sin un nuevo concurso, tampoco dijo conocer si se inició un nuevo procedimiento para la concesión, si hubo o no reuniones en julio de 2017 entre representantes del Ayuntamiento, técnicos de la Junta y los dueños de los chiringuitos, ni quienes estaban en esas reuniones, quién pidió el único informe jurídico existente, si se solicitó o no un informe sobre la transmisión de un bien municipal o si se pidió otro sobre las concesiones o qué propietarios acudieron a esas reuniones, entre otras.
«La ignorancia nos sume en una absoluta perplejidad y nos hace cuestionarnos qué calidad intelectual tiene la persona que rige el Ayuintamiento de Cádiz o qué atención presta a los asuntos de su competencia», ha afirmado Pérez Dorao tras tener acceso a la declaración judicial del alcalde.
«Graves contradicciones»
Y en cuanto a las afirmaciones que sí hizo González Santos ante la jueza son para Ciudadanos «graves contradicciones» con lo expuesto en anteriores ocasiones por el propio regidor. Según ha detallado Pérez Dorao, el alcalde afirmó en su declaración que su intención no era transmitir la concesión ni privatizar la playa o que no ha realizado ningún acto de disposición de las concesiones administrativas y que no ha habido dicha transmisión de concesión administrativa del Ayuntamiento. Pero, según destaca Ciudadanos, estas afirmaciones no se corresponden con manifestaciones hechas por Kichi anteriormente.
El portavoz municipal ha puesto como ejemplo una reunión mantenida en diciembre de 2017 entre los propietarios de los chiringuitos y el primer edil, una vez que se terminó el expediente de la concesión, tras la que incluso se hizo una nota de prensa que se colgó en el portal de transparencia en la que se hacía clara alusión al encuentro mantenido y el tema que se trató. En dicha información se expresaba como el alcalde felicitó a los empresarios «por el trabajo realizado para lograr esta transmisión que les permitirá permanecer abiertos durante todo el año». Y se añadía: «Desde el Ayuntamiento se recuerda que desde el principio se ha apostado por la permanencia de estos restaurantes playeros».
Según Ciudadanos, existe una «clara contradicción» entre lo manifestado por González Santos en diciembre de 2017 y lo que ha declarado ahora ante el juez. «Esta circunstancia me lleva a cuestionarme la calidad moral de la persona que rige el Ayuntamiento», ha valorado Pérez Dorao a este respecto.
Otra de las cuestiones que sí respondió el alcalde a la jueza es acerca de que Ciudadanos, según dijo, nunca avisó sobre el problema que se estaba generando en el asunto de esta transmisión. Sin embargo el portavoz municipal de este partido ha recordado que su grupo presentó un escrito de manera oficial avisando de esta circunstancia en febrero de 2018, algo que además anunciaron entonces en una rueda de prensa. Según lamentó, este escrito nunca ha sido contestado.
La denuncia
Como se recordará, Cs presentó la denuncia en los juzgados al considerar que el alcalde de Cádiz ha cometido prevaricación y malversación de fondos en la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación «sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal».
En este sentido, señalan que la concesión administrativa cedida poseía «relevantes novedades» con respecto a anteriores, «como mayor espacio al ampliar los recintos a 150 metros, estar instalado durante todo el año en lugar del máximo de nueve meses, así como ampliar la duración de la concesión de 15 a 30 años». Asimismo, señaló que tras ser avisado en el mes de febrero, en el mes de julio intentó, a través de la Junta de Gobierno Local, «declarar caducado el expediente de transmisión de la concesión a los empresarios intentado con ello crear la apariencia de que la transmisión no se hubiera producido».
Sin embargo, mantienen en la denuncia, «la transmisión sí se ha producido y así lo entiende la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que aceptó el decreto municipal y confirmó su validez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)», explicó Pérez Dorao, que añadió que «al ahora decir el gobierno local que esa transmisión no se ha producido, algo que para la Consejería es 'papel mojado', ha generado una situación de inseguridad jurídica entre los empresarios de los chiringuitos».
