Ignacio Romaní,en el consejo celebrado ayer en Aguas de Cádiz.
Ignacio Romaní,en el consejo celebrado ayer en Aguas de Cádiz. - FRANCIS JIMÉNEZ
AGUAS DE CÁDIZ

Podemos no logra el apoyo del PSOE para llevar a Romaní a los tribunales

Los socialistas elevarán a Fiscalía los hechos, con la abstención de los representantes del equipo de Gobierno, para «esclarecer lo sucedido con todas las garantías»

CÁDIZActualizado:

El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, no consiguió el apoyo de los consejeros socialistas para llevar a los juzgados el informe jurídico elaborado sobre el pago por parte de esta empresa municipal de 42.000 euros de dinero público al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa bajo la etapa del PP.

En el transcurso del consejo de administración, los tres representantes del PSOE se abstuvieron en este punto del orden del día y defendieron la necesidad de poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía con el fin de «saber de manera objetiva lo sucedido y determinar la posible existencia de responsabilidades».

Las consejeras socialistas no lograron el respaldo de los miembros del equipo de Gobierno en esta propuesta, por lo que será el propio PSOE de Cádiz el que eleve a Fiscalía este asunto «con el fin de esclarecer los hechos con todas las garantías».

Según informó la consejera del PSOE, Mara Rodríguez, «el informe jurídico realizado por Aguas de Cádiz establece que los indicios que se conocen podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público y falsificación documental».

Ante esto, la edil socialista añadió que «esto es de una gravedad tal que afecta, tanto al interés y la imagen de la empresa, como a la dignidad de determinadas personas, presuntamente implicadas, por lo que estamos en la obligación de elevar los hechos a Fiscalía para esclarecerlos, siendo esta vía la más idónea en virtud a la prudencia y la seguridad jurídica».

Asimismo, «la Universidad de Cádiz se ha desvinculado totalmente del supuesto trabajo que el observatorio de Carlos Guillén hizo para Aguas de Cádiz, lo que supone que se pierde completamente la garantía y el aval que ofrece dicha institución».

Para el PSOE, las conclusiones de estos informes «aumentan las dudas acerca del uso que se hizo de dinero público, por lo que nos vemos en la obligación de actuar para que los gaditanos conozcamos lo ocurrido».

Mara Rodríguez calificó de «esperpéntica» la actuación de De La Fuente en el consejo asegurando que al equipo de Gobierno «no le interesa el esclarecimiento de este asunto sino el morbo y la polémica generados sobre el mismo». Aseguró que «si realmente defienden la opción de interponer una querella, nos preguntamos por qué no lo han hecho ya».

A su juicio, «están mareando la perdiz desde el primer momento y, de hecho, los estatutos de la empresa establecen claramente que el presidente está facultado para poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales competentes sin necesidad de acudir al Consejo de Administración».

«Espectáculo lamentable»

Por su parte, los populares calificaron este consejo de «un espectáculo lamentable, un paripé en el que nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida sabiendo lo que hizo la Fiscalía con el que encargó Podemos al actual gerente sobre el corte de agua de Loreto o meter la pata como en Matadero, donde han terminado imputados dos concejales por denuncia falsa».

Recordaron al resto de miembros del consejo que el antecesor de De la Fuente «no pidió autorización y ni siquiera informó al Consejo de que llevaría el informe -también realizado a medida por Aguas de Cádiz- sobre el corte de agua de Loreto, a la Fiscalía, e invitaron a De la Fuente a que siguiera el mismo camino».

Apuntaron que «el último informe que hizo Aguas de Cádiz a petición del alcalde terminó desestimado en la Audiencia y con González Santos procesado por injurias y calumnias».

Por ello, instan a que «quien quiera seguir una senda parecida que vaya a título individual dónde quiera, pero que no implique al resto del consejo que no tiene responsabilidad sobre la manipulación y las denuncias falsas a las que nos tienen acostumbrados desde el equipo de Gobierno». Recordaron a su vez las consecuencias que pueden acarrear a un consejero presentar una denuncia falsa «como ocurrió en Matadero».

Para el Partido Popular, «es evidente que ni De la Fuente ni nadie de Podemos tiene absolutamente nada que sustente una denuncia contra nuestro portavoz, Ignacio Romaní, en éste ni en ningún otro asunto».