Un olvido que no prescribe

La queja no es nueva. Es más, es demasiado antigua, sobretodo para los que la expresan, que cada día están obligados a trabajar «en pésimas condiciones». Mientras que se discute sobre posibles ubicaciones de una Ciudad de la Justicia en Cádiz capital, si se ha presentado oferta o no para instalarla en Zona Franca, o se espera que los presupuestos autonómicos enciendan el farolillo verde de la financiación, la vida judicial continúa en los juzgados de SanJosé. Allí trabajan más de un centenar de funcionarios, además de abogados y otros profesionales. Y acuden a diario decenas de ciudadanos a juicios o a resolver otros asuntos que se encuentran con unas instalaciones «antiguas, obsoletas e insuficientes», donde para archivar, el espacio es muy limitado, tanto, que basta dar una paseo por las oficinas para ver alguna que otra caja encima de mesas y sillas, además de expedientes guardados en unos cuartos improvisados que llevan tiempo sirviendo de ‘mientras’.

Y es que el ‘ya’ tarda en llegar. De momento, van catorce años. El primer anuncio de que Cádiz contaría con una Ciudad de la Justicia, similar a la existente en otras ciudades como Málaga y Almería, se hizo en 2002. Desde entonces el proyecto no ha avanzado, en principio por la falta de espacio, más tarde por la falta de consignación presupuestaria, luego por problemas con la norma urbanística local, después por si aquí o allí.... y así hasta hoy.

«Este edificio tiene una antigüedad de unos treinta años», cuenta Enrique Estévez, delegado sindical de CSIF. «El baldeo hizo polvo los cimientos». Peligraban nada menos que los pilares. Fue en 2008 cuando se tuvo que apuntalar todo el sótano por un problema de filtraciones y humedades derivados de las actividades de la plaza de abastos, también parte del inmueble. Y desde entonces, aunque ahora vacío y sin uso, sigue apuntalado y, lo que más les preocupa, no se tiene constancia de que se hagan revisiones periódicas. Una de las justificaciones que se ha dado en este tiempo desde la Junta es que la administración autonómica no es propietaria total del edificio sino que los detallistas del mercado también comparten dicha propiedad. Por tanto, no se pueden acometer obras hasta que no haya un acuerdo con toda la comunidad.