Cádiz
FACUA logra retrasar el desalojo de su sede en Cádiz
La Junta envió hace meses un requerimiento para que abandonen el edificio de titularidad autonómica que ocupan sin convenio
La administración necesita hacer obras en el lugar para mejorar el estado del edificio
El litigio entre la Junta de Andalucía y FACUA continúa en Cádiz. La delegación del Gobierno ha requerido a esta organización a abandonar el local, que ocupa sin el título jurídico que avale el desarrollo de su actividad en este espacio.
Este miércoles parecía la fecha definitiva del desalojo, tal y como advirtieron los agentes de la Policía Nacional que se personaron en la sede para entregar la notificación en la jornada del martes. Sin embargo, Facua ha encontrado de nuevo un resquicio legal para posponer el desahucio .
A primera hora de la mañana, FACUA-Consumidores en Acción consiguió un documento en los juzgados que les permitía posponer su marcha de la sede. La Junta tuvo que suspender el desalojo ante la solicitud de aclaración del auto, aunque se prevé que en unos días haya novedades en los juzgados.
La actual sede de Facua fue cedida en precario en el año 1984 por parte del Gobierno andaluz, en concreto por la entonces llamada delegación provincial de Trabajo y Seguridad Social, a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos denominada Cadice.
Años más tarde pasó a utilizarse por parte de FACUA, aunque no existe ningún convenio ni acuerdo por escrito al respecto. En 2015, ya con el Gobierno de 'Kichi', la delegación de Urbanismo notificó la iniciación de un expediente de orden de ejecución de obras de seguridad en la totalidad de la finca.
La Junta pide ahora a la asociación que se marche de esta sede para poder acometer las obras. De esos trabajos depende, además, la mejora de las instalaciones que se están llevando a cabo en el edificio de la Delegación Territorial de Empleo .
Desde Facua recuerdan que, «con independencia de la legalidad», «la Junta quiere echarnos» . De hecho, solicitan otra sede para un posible traslado temporal, mientras acaban las obras, opción que, aseguran, no ha sido aceptada.
La asociación, con implantación nacional, ya valora otras opciones: cesión de otro edificio por parte de un Ayuntamiento e incluso la compra de una nueva sede .
